Opinión

A propósito de privatizar

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A propósito de privatizar

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

El pasado 31 de agosto, en una conversación con el administrativista peruano Ramón Huapaya y con mis amigos Luis José Bejar y Carlos Villanueva, en el programa de Derecho Público e Innovación del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, transmitido por mi canal de youtube, abordamos el tema de la transformación del derecho desde la perspectiva de la llamada privatización de las actividades estatales.

Una conclusión fue que privatizar es una palabra del pasado en su forma de concebirse ideológicamente y que el debate sobre el particular carece de sentido cuando vivimos una cooperación intensa entre el sector público y los particulares.

Ramón Huapaya señaló que un servicio público concesionado no pierde su naturaleza, ni modifica su régimen jurídico extraordinario, ni cambia su orientación al interés general por el hecho de que se gestionado por un particular. Al contrario, la paulatina sustitución del Estado empresario (gobierno excesivo) por el Estado garante (gobierno acotado) ha sido la tendencia en el mundo y la forma en que la disponibilidad y el acceso a las prestaciones como agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte, entre otras, han aumentado.

El bienestar colectivo y el buen desempeño de un gobierno se mide con base en el número de personas que efectivamente reciben salud, educación y servicios básicos o aumenta su movilidad, su conectividad con el mundo o sus oportunidades de desarrollo personal y comunitario. La disminución de la pobreza o un mayor acceso a internet o a la salud son verdaderos indicadores de logros reales. Lo demás son palabras, no hechos.

En ese sentido, la forma de organización de la gestión de lo público pasa a un segundo plano. No importa si la carretera fue construida con el mecanismo tradicional de contratación pública, una obra pública asociada a proyectos de inversión, PIDIREGAS o asociaciones público privadas, lo trascendente es que la vía de comunicación exista con la calidad suficiente para dar seguridad y celeridad en el transporte de personas y mercancía. La sociedad exige resultados medibles de las autoridades que elige.

El Estado garante no ha renunciado al ejercicio de la autoridad social en beneficio del pueblo y la estrategia basada en que el gobierno no participe directamente con su aparato administrativo en una actividad económica o deje de hacerlo no es privatizar. Incluso, en los últimos cuarenta años, el Estado ha ampliado su injerencia en ecología y protección del medio ambiente, regulación de la competencia económica, protección de animales, mejora regulatoria, transparencia y acceso a la información, entre muchísimas más materias. Algunas personas o grupos todavía añoran el estatismo y condenan cualquier participación de los particulares en la gestión de lo público y la tachan de privatizadora.

La evolución de la cosa pública ha demostrado que el Estado ahora cumple su papel cuando regula y supervisa la actividad de los particulares eficientemente y logra un mayor equilibro entre los factores de la producción y distribuye mejor el ingreso. En contraste, el abandono de la economía a las fuerzas del mercado provoca un desarrollo no incluyente o la “gobernización” de la producción industrial o la prestación de servicios disminuye la oferta y crea clientelismos políticos que produce escasez para la mayoría de la población.

A la mitad del camino de este sexenio el equilibrio entre lo público y lo privado se perdió. El proyecto de la autollamada 4T es debilitar los órganos autónomos reguladores que son los garantes de un desempeño económico adecuado e incluyente de las grandes organizaciones públicas y empresariales que gestionan servicios públicos, administran vías de comunicación o explotan bienes del dominio público. Los usuarios pierden.

También, la estrategia expuesta en el tercer informe es reposicionar al gobierno en las actividades económicas monopólicas estatales como una reacción a la llamada privatización. Los consumidores finales o los contribuyentes pierden porque aumenta el costo y/o los subsidios de los bienes y servicios públicos.

¿La gestión de los particulares de los servicios públicos es necesariamente corrupta porque existe una utilidad explícita? La respuesta es no. El debate ideológico falaz, que puede impactar negativamente en el bienestar colectivo, es proponer abandonar los proyectos de colaboración sector público-sector privado para evitar que alguien obtenga una ganancia.

El Estado garante exige una organización administrativa estatal más compleja y profesionalizada. Lo que ahora importa son los impactos reales en el bienestar como disminución de la población en condiciones de pobreza o aumento del acceso a la salud, la educación o el internet.

El debate no debiera ser la privatización o la “gobernización” de las actividades económicas estatales. Lo importante es como logramos aprovechar socialmente mejor los recursos escasos para crear las condiciones de un desarrollo incluyente y sustentable. El planteamiento maniqueísta de escenarios blancos o negros, buenos o malos y justos o injusto divide y dificulta la cooperación entre los sectores público y privado.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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