Un asesinato, la denuncia de un juez desechada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y diversas acusaciones al interior de esta institución, han puesto sobre la mira el trabajo de los actuarios judiciales en el país.
El 18 de septiembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF recibió un documento signado por Jorge Arturo Porras Gutiérrez, quien había sido juez en el Estado de México y hoy es titular de un juzgado en Veracruz, en el cual develaba “el plan de simulación” de un grupo de actuarios de la entidad para realizar notificaciones falsas y suplantar identidades en centros penitenciarios considerados de alta seguridad.
Las anomalías actuariales, según su testimonio, facilitaban el accionar del crimen organizado desde prisión: los actuarios fungían como mensajeros de capos, propiciaban su articulación para cometer más delitos e incluso servían como “mulas”, al introducirles droga, catálogos de prostitutas y otros objetos prohibidos, bajo la fachada de su labor jurisdiccional.
La denuncia, a la cual Crónica tuvo acceso, se radicó con el número de expediente 157/2017. Sin embargo, el CJF la desestimó. La resolución con la negativa de investigación fue entregada al juez la segunda semana de junio de este año.
Los actuarios son los encargados de realizar notificaciones y entregar resoluciones o emplazamientos derivados de los asuntos en juzgados y tribunales. Según los registros oficiales del Consejo, operan en México 7 mil 580. En el fuero federal ganan alrededor de 35 mil pesos mensuales, mientras en el fuero local entre 15 y 20 mil pesos al mes.
Para ser actuario se requiere título y cédula profesional de licenciado en Derecho o Abogado, ser ciudadano mexicano, gozar de buena reputación, contar con la recomendación de algún magistrado o juez, y haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el Instituto de la Judicatura.
Son el rostro visible del Poder Judicial ante la sociedad.
De acuerdo con los informes anuales presentados por el PJF, de 2015 a la fecha al menos 50 actuarios han recibido sanciones administrativas como apercibimientos privados, amonestaciones privadas y públicas, suspensiones, inhabilitaciones y destituciones. Más allá de los números, están vicios graves de quienes conforman el primer eslabón de la carrera judicial.
Meses antes de su asesinato, ocurrido el 17 de octubre de 2016, el juez Vicente Bermúdez Zacarías, adscrito al Estado de México, había denunciado también una red de actuarios, quienes ingresaban sin justificación a los penales del Altiplano y Santiaguito para trabajar como mensajeros y contrabandistas de narcotraficantes y otros criminales, conforme a los archivos del CJF.
MAQUINACION. El expediente 157/2017 parte de la revelación de una actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Edomex: “Los actuarios judiciales optamos por ayudarnos intercambiando trabajo, los que teníamos notificaciones para los aludidos centros de reclusión (Altiplano y Santiaguito) se las dábamos al que decidía ir”.
El juez denunciante delató en el escrito: “Hay gente, en ocasiones ajena a los órganos jurisdiccionales, que apoya a los actuarios a entregar oficios y/o cédulas de notificación: oficiales administrativos e incluso personas sin nombramiento… Y prácticas que implican una organización de más de tres personas, quienes elaboran un plan de simulación (falsificación de documentos), para aparentar que los actuarios sí cumplen su trabajo”.
Se trata, señaló el juzgador, “de una velada dinámica de suplantación... Conjuntamente con los actuarios judiciales, falsificaron notificaciones, ya que se organizaron criminalmente para que los actuarios pudieran asentar su firma en notificaciones que ellos no efectuaron… Haciéndole creer al juez a través de engaños y maquinaciones que se notificaba legalmente”.
Compartió al CJF temor por su seguridad personal, “pues mi denuncia hace del conocimiento la probable existencia de una organización interna… debidamente estructurada mediante el reparto de acciones delictivas, que tiene como fin falsificar notificaciones en el penal”.
Con base en diversos ordenamientos del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual obliga a los actuarios a cumplimentar las resoluciones de manera personal y directa, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pidió investigar a los involucrados por los delitos de falsificación de documento público, abuso de funciones y encubrimiento. Pero nada pasó…
TORTAS Y CRIMEN. Crónica buscó al juez Jorge Arturo Porras, ahora en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Poza Rica; por primera vez, accedió a una charla grabada, para ofrecer detalles sobre esta red.
“La situación más grosera es cuando los actuarios llevan la corrupción a los centros de reclusión; no tienen derecho a llevar teléfono, pero lo meten. Entran a notificar y están ahí cuatro o cinco horas, no sabemos qué pasa adentro… Se ha descubierto a los actuarios estafeta: con el argumento de la notificación, piden hablar con quien no deben, y pasan mensajes de lo que manda a decir determinado capo o narco, y lo transmiten a sus operadores de afuera”.
“Otra asunto es la trata de blancas, pasan los catálogos de las prostitutas para los internos, las promueven y se la llevan; la situación de llevarles droga, o cosas a los que no tienen derecho, como dulces o chocolates, y venderlas a precios inflados. Esto permite al crimen organizado seguir operando desde la cárcel. El Consejo no los investiga”.
–¿Qué hay de la suplantación?
–Es un vicio que tiene el Poder Judicial, lo hice ver al Consejo, pero es como si no existiera. Actuarios se suplantan entre sí, y no ingresan a los centros de readaptación social: mandan literal, al de las tortas, le dan mil pesos al de las tortas, y el de las tortas ingresa, dizque al penal de máxima seguridad, y dice: vengo a notificarle a 30 internos de tantos juzgados, y el personal penitenciario, sin ningún empacho, deja entrar a personas sin nombramiento en el Poder Judicial.
–¿Qué ha permitido esto?
–Que los internos promueven que los junten en las notificaciones y puedan ahí ponerse de acuerdo sobre actos del crimen organizado, intercambiar información o coordinarse para tomar venganza en contra de alguien.
–¿Quién supervisa a los actuarios?
–Cada juez y magistrados bajo cuyas órdenes trabaja, el problema es que trabajan afuera, no podemos ponerles un espía para que diga: fue a tal lugar, mandó a alguien más a que hiciera la notificación. No nos enteramos qué hacen dentro de los reclusorios, no les podemos poner una cámara, un micrófono. Estas protecciones, les ha permitido hacer marranadas dentro de prisión sin que nadie se dé cuenta.
–¿Por qué el Consejo desechó su denuncia?
–Porque dijeron que debía llevar pruebas contundentes. El Acuerdo General del Pleno del Consejo en Materia de Responsabilidades Administrativas dice que la única denuncia que debe ir apoyada de pruebas fehacientes es la anónima, pero cuando la denuncia lleva nombre y firma, como mi caso, el Consejo está obligado a investigar, y no quisieron. Tengo certeza de que al menos ocho actuarios denunciados, siguen en activo, como si nada… Los actuarios son el vínculo directo con el justiciable, si ellos se conducen mal, el mensaje es que el Poder Judicial está sucio, corrompido… (continuará)
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