El recorte presupuestal y la modificación de las reglas para las estancias infantiles es una tragedia para centenares de miles de madres que trabajan o estudian. Las decisiones y explicaciones acerca de esa medida ratifican la improvisación y el conservadurismo del presidente López Obrador y su gobierno.

Gracias al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el gobierno federal pagaba una cuota de 950 pesos mensuales por cada niño inscrito en ellas. Esas guarderías subrogadas se convirtieron en la única opción para cuidar a los hijos pequeños de quienes no cuentan con respaldo de ninguna institución de seguridad social. Hasta hace pocas semanas, 9 mil 500 estancias infantiles atendían a casi 330 mil niños de uno a cuatro años, en zonas y en familias pobres. Esa cuota podía ser autorizada hasta por tres niños de cada hogar. En el caso de niños con alguna discapacidad la contribución era de 1800 pesos mensuales. Además el gobierno entregaba 70 mil pesos a las personas que quisieran instalar una estancia y cumplieran los requisitos (que no son pocos) que establecía la Sedesol.

El 2017 las estancias beneficiaron a 300 mil 433 mujeres y a 10 mil 535 hombres solos, según datos del Coneval. Cada madre o padre elegía la estancia a donde quería llevar a su niño y la Sedesol entregaba el pago directamente a esa institución.

Ahora el presupuesto para estancias disminuyó de 4070 a 2041 millones de pesos al año y el gobierno anunció que cada madre o padre recibirán mil 600 pesos cada dos meses. Con el presupuesto aprobado ese pago,  el número de beneficiarios, tendría que ser mucho menor. Además se reducirá la edad de los niños que pueden recibir ese apoyo, de 4 a 3 años.

Según el presidente López Obrador ese cambio se debe a que la hoy Secretaría de Bienestar encontró que había casos de corrupción con los apoyos a las estancias. Por eso, dijo, canceló todo el programa. Esa decisión tiene varias implicaciones.

1. En vez de resolverlos, el gobierno elude los problemas. Si hay corrupción debería ser investigada y castigada. Con una lógica similar, para combatir el robo de gasolina clausuró los ductos y emprendió el oneroso y riesgoso programa de transportación en pipas. Esas medidas transfieren a la sociedad los costos de la ­corrupción.

En el caso de las estancias infantiles, las mismas madres vigilaban el uso del dinero que les permitía tener a sus niños bajo cuidado profesional. Juntos, los recursos destinados a varios niños permitían que hubiera una estancia con más capacidades para educarlos y cuidarlos que las posibilidades que hay en casa.

2. Desmantelamiento de instituciones. Si el presidente va a clausurar todos los programas de gobierno en donde hay abusos, nos vamos a quedar sin Estado. De seguir así, y ojalá ésta no fuese más que una exageración, la insuficiencia de los servicios médicos y los sobornos en el IMSS y el ISSSTE llevarían a reemplazarlos con dinero para que cada persona contrate el servicio médico de su preferencia.

El programa de estancias que remunera la inscripción de los niños en establecimientos privados ya constituía un reconocimiento de las insuficiencias del Estado para proteger a las madres que no tienen otra posibilidad para atender a sus hijos pequeños. Lo que debería existir son guarderías públicas suficientes y accesibles para todos ellos.

3. Tendencia privatizadora. La entrega de dinero para que cada madre o padre decidan a dónde llevarán a sus hijos los deja al garete del mercado y favorece la desigualdad en la atención a los niños. En la enseñanza formal, la distribución de bonos o vouchers para pagar la colegiatura en la escuela que cada quien elija fue propuesta a mediados del siglo pasado nada menos que por Milton Friedman —uno de los más influyentes promotores de políticas neoliberales— y ha tenido resultados harto discutibles.

En países como Estados Unidos y Chile los vouchers educativos han debilitado la enseñanza pública que, entre otras virtudes, propicia un proceso de homogeneización social al recibir alumnos de variadas condiciones. El modelo de vouchers, que desde luego amerita un examen extenso, es reivindicado hoy en día por el gobierno de Bolsonaro en Brasil.

4. Cuidar no es educar. La idea de que los abuelos se encarguen de los niños, además de caricaturizar la realidad de las familias supone que a los menores sólo es preciso cuidarlos. Los niños que van a estancias infantiles realizan actividades grupales y aprenden hábitos de higiene y alimentación. Además, en estancias que cumplen las normas que establece la SEP los niños pueden acreditar el primer grado de educación preescolar.

Sin duda el desempeño de muchas estancias no es el mejor posible, sobre todo en las tareas pedagógicas que podrían cumplir. Pero en vez de aniquilarlas el Estado tendría que mejorar ese funcionamiento.

5. Desprecio por los derechos de las mujeres. El 97% de los beneficiarios de las estancias son mujeres. Esos establecimientos les permiten trabajar o estudiar y, de esa manera, ser dueñas de su tiempo y su futuro.

El Estado tiene la responsabilidad de ayudar a las madres en el cuidado y la educación de los niños. Entregarles dinero no es solución. La nueva cuota beneficiará sólo a la mitad de quienes hasta ahora han tenido a sus niños en estancias infantiles. Con tales recursos no encontrarán el servicio que han ofrecido estancias promovidas, supervisadas y asesoradas por el Estado.

6. Conservadora concepción de la familia. El presidente y sus colaboradores desconocen la realidad actual de las familias mexicanas. En México hay más de cinco millones de hogares que son encabezados por mujeres solas. Los abuelos no siempre están cerca, o no están en absoluto, o no quieren o no pueden dedicarse a cuidar a los niños.

El Estado no tiene por qué sugerir quiénes y cómo, en cada familia, se deben hacer cargo de esas tareas. Suponer que las familias tienen que organizarse a la usanza tradicional, como le gusta al presidente López Obrador, constituye una inaceptable intromisión en la vida de las personas.

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