A unos días del regreso a clases presenciales, la Primera Comisión de la Permanente prende las alertas en otro tema sensible, por lo cual aprobó un dictamen para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realicen investigaciones exhaustivas, dirigidas a perseguir los delitos relacionados con casos de abuso o explotación sexual infantil cometidos en las escuelas.

Hace unas semanas la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) presentó un informe que revela la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas, en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, casos registrados por la organización de 2008 a 2018 y que hasta el momento se mantienen en la impunidad.

Dicha comisión también pidió a la FGR un informe sobre las actividades implementadas en estos casos y que se coordine con sus homólogas en las entidades federativas y, de ser necesario, ejerza su facultad de atracción para perseguir todos estos ilícitos cometidos en contra de menores.

Paralelo a ello exigieron a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales, a que revisen y fortalezcan los esquemas de supervisión de escuelas y los protocolos para la prevención, atención y denuncia de delitos cometidos en contra de los alumnos.

Al respecto, la UNICEF manifestó recientemente que el Estado mexicano tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme a las normas internacionales y nacionales de derechos humanos.

En la misma reunión de trabajo, se aprobó otro dictamen, para que se solicite a los gobiernos de las entidades federativas que lleven a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones y planteles educativos que han estado cerrados a consecuencia de la pandemia.

Ello con el objetivo de garantizar la seguridad y funcionalidad de los centros escolares, así como la integridad física de las y los estudiantes que habrán de regresar a clases de manera presencial.

Por su parte la coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, demando a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalecer las medidas de prevención sanitaria y protocolos de actuación para garantizar un regreso seguro a clases para todas las niñas y niños de México.

Lo anterior implica la adecuación de los espacios escolares y su rehabilitación para que cuenten con todos los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, ventilación en aulas y redistribución del espacio escolar para la realización de las actividades educativas evitando en todo momento la aglomeración de personas.

De igual forma, capacitar a las madres y padres de familia sobre las medidas de prevención que deberán llevarse a cabo en todo momento en los planteles educativos, para la comunidad estudiantil nacional.