La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador  para pacificar al país debe ponderar criterios de derechos humanos, pues de lo contrario se puede reproducir la impunidad en nombre de la paz en México, advierte el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El IBD advierte que “no debe beneficiarse a responsables de delitos graves ni afectar derechos de las víctimas, como la reparación del daño y el derecho a la verdad”.

El documento titulado Elementos clave para el análisis de la iniciativa de ley de amnistía, elaborado por la investigadora Susana Ramírez Hernández, explica que la propuesta de ley enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, estipula que la amnistía busca extinguir las acciones penales y sanciones a favor de las personas a las que se les haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal por el delito de aborto, delitos contra la salud, cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, delito de robo simple y sin violencia y delito de sedición, siempre y cuando se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Algunas senadoras de Morena y MC, impulsan una campaña junto con otras ONG, para pedirle al Estado mexicano  establecer un mecanismo legal que permita la liberación de más de tres mil mujeres en cárceles del país, acusadas de delitos menores en la transportación, comercialización y consumo de drogas, es decir, de mujeres que han sido víctimas de la política de combate a las drogas implementada en sexenios anteriores.

Según el análisis del IBD, la Ley de Amnistía podría ser un instrumento para la pacificación del país, pero para ello deben seguirse los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Considerando tales criterios, la aplicación de la amnistía no está prohibida desde el derecho internacional en los procesos de pacificación o transición política; sin embargo, “para que tenga validez, deben respetar rigurosos estándares internacionales  o de lo contrario, las leyes de amnistía podrían ser declaradas sin validez por tribunales nacionales e internacionales.