A casi tres años de que arrancó, la llamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado caminar pues la mayoría de sus reformas “transformadoras” han sido frenadas a punta de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en gran parte por el “descuido y desinterés” en materia de legalidad y constitucionalidad de Morena y sus partidos aliados en el Congreso lo que ha permitido a la iniciativa privada, nacional o extranjera, partidos políticos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil mantener paralizados muchos de los proyectos de este régimen.

En poco menos de tres años, la 4T batió récord de reformas legislativas impugnadas ante el Poder Judicial pues cuadriplicó el número de acciones y controversias de constitucionalidad en su contra respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto lo que ha paralizado su “impacto transformador” en el país:

Entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron, por lo menos, 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos o miles de amparos contra decretos expedidos en ambas cámaras del Congreso de la Unión por Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM.

Este número contrasta con las demandas promovidas entre septiembre de 2012 y agosto de 2015 primeros tres años de gobierno de Peña Nieto donde sólo se promovieron sólo 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no hubo controversias.

“Este incremento refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas”, explica un análisis de la consultora Integralia

la Ley de la Industria Eléctrica, la geolocalización bancaria, la reforma sobre padrón de datos biométricos para telefonía móvil, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la reforma educativa, la reforma laboral, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el decreto de creación del Insabi, la Ley de Amnistía, los nombramientos de los presidentes y consejeros de la CRE, CNDH y otros organismo autónomos, así como la desaparición de partidas presupuestales a las estancias infantiles, son algunas de las leyes que se dirimen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El análisis de Integralia que encabeza, Luis Carlos Ugalde, advierte que la mayoría de las modificaciones promovidas por el gobierno y Morena no implican cambios sustanciales para lograr un “cambio de régimen” o el inicio de una gran transformación nacional.

De hecho advierte que “hubo retrocesos en temas como la militarización de la agenda de seguridad y el carácter punitivo de la justicia”.

En política social –agrega--los cambios apoyan el bienestar de segmentos vulnerables, pero no atacan las causas estructurales de la pobreza.

Omisión legislativa

Establece que el Congreso incumplió con 46 obligaciones transitorias para expedir legislación secundaria o armonizar leyes vinculadas a reformas constitucionales y legales.

En todos esos casos el plazo está vencido por indiferencia o incapacidad para cumplir con mandatos que el mismo Congreso se impuso.