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En 1975, España vivió un verdadero antes y después. Uno de esos cambios que dan un giro de 180 grados a la vida de un país. En un abrir y cerrar de ojos, la dictadura fascista de Francisco Franco se fue y una nueva democracia quedó instalada, con unas primeras elecciones libres en junio de 1977, 41 años después de las últimas.
En apenas un año y medio, España había pasado de estar políticamente rezagada en Europa a ver cómo se le abrían las puertas de la modernidad. Sin embargo, algunos de los problemas de la dictadura permanecían, así como las instituciones del régimen.
Uno de los problemas era la banda terrorista ETA (‘Euskadi Ta Askatasuna’, País Vasco y Libertad), que había logrado gozar de una relativa simpatía entre los sectores más progresistas, por sus atentados contra políticos de la dictadura. Su acto más notable, el asesinato en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco, se recuerda con simpatía en amplios sectores de la sociedad, incluso hoy en día.
Una de las instituciones fascistas era el Tribunal de Orden Público (TOP), que desde 1963 juzgaba aquellos delitos que considerara que podían “subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional”.
LUCHA ANTITERRORISTA. De repente, ETA ya no atentaba contra un sistema dictatorial sino contra un sistema democrático, porque su objetivo último no era la democracia sino la secesión de Euskadi, el País Vasco. Y de repente, el TOP ya no encajaba en los estándares democráticos.
Así, la Audiencia Nacional se creó para asumir algunas de las funciones del antiguo TOP, tales como los juicios por rebelión o sedición, pero, sobre todo, los casos de terrorismo, así como grandes causas que atenten contra el Estado, como el narcotráfico o la corrupción.
Así, la Audiencia Nacional logró ganarse el prestigio, como órgano implacable contra el terrorismo de ETA y gracias a su participación también en grandes causas internacionales. Sin embargo, ETA se declaró en tregua permanente en 2010, y esto hizo que la influencia del órgano judicial empezara a diluirse.
Ésta restringió severamente la libertad de manifestación, penando por ejemplo las protestas con la cara tapada o las marchas no autorizadas previamente, y también modificó varios artículos del Código Penal, que ampliaron los supuestos en los que se puede imputar el delito de enaltecimiento del terrorismo.
El texto asegura que serán delito de terrorismo actos como la difusión de mensajes por internet que puedan ser considerados “enaltecimiento o la justificación públicos” de los nuevos delitos o “la difusión de consignas” que puedan incitar a otros a cometerlos.
Por ello, la Ley Mordaza recibió duras críticas y condenas de asociaciones activistas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, e incluso de Naciones Unidas.
Pero con la Ley Mordaza esto cambió. Así, en estos dos años y medio, la Audiencia Nacional se ha convertido en un hervidero de casos hasta entonces impensables.
Uno de los más notorios ocurrió en marzo de este año, cuando la joven murciana Cassandra Vera, de 21 años, recibió una condena de un año de cárcel (que no tendrá que cumplir por no tener antecedentes penales y ser la pena menor a dos años) por bromear en Twitter sobre el atentado de ETA contra Carrero Blanco, ocurrido casi 44 años atrás.
La Audiencia Nacional consideró que sus comentarios “humillan a las víctimas” de la banda terrorista. No importó que esta víctima en concreto fuese un político fascista ni que una nieta del propio almirante, Lucía Carrero-Blanco, asegurara que no se sentía humillada y que le “asusta” que chistes, aunque sean de mal gusto, puedan conllevar cárcel.
Cassandra no ha sido la única. El youtuber Alex García, de 23 años, tuvo que declarar este verano por una serie de videos con un marcado tono izquierdista en su canal sobre temas políticos, en forma de entrevistas o reportajes. De nuevo, se le acusaba de enaltecer el terrorismo. “No sólo van por los emisores de determinados mensajes molestos para el sistema, sino que también persiguen al que los difunde”, denunciaba García. Su caso sigue a la espera de sentencia, y la Fiscalía pide dos años de cárcel para él.
El caso que recibió más atención mediática fue el juicio contra los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, fundadores del colectivo Titiriteros desde Abajo. El dúo realizó en febrero de 2016 en Madrid una función llamada La Bruja y don Cristóbal, en la que, según los autores, presentaban a una bruja que se enfrentaba a los poderes del Estado, para simbolizar la caza de brujas, que, a su juicio, se inició a raíz de la sanción de la Ley Mordaza.
Irónicamente, la Fiscalía consideró que algunas escenas de la obra suponían enaltecimiento del terrorismo. Una de ellas era la violación de la bruja, que la policía interpretó como la violación de una monja, y en otra se presentaba un cartel satírico que leía “Gora Alka-eta” (Gora significa “viva” en euskera), en parodia de la banda terrorista vasca y de Al Qaeda. Tras siete meses en la cárcel, en septiembre de 2016 los dos fueron absueltos.
Hoy, Garzón está expulsado de la carrera judicial por presunta prevaricación por ordenar unas escuchas consideradas ilegales en las investigaciones que abrió por el caso Gürtel, la macrotrama de corrupción que afecta de lleno a altos cargos del PP de Rajoy. El mismo PP impulsor de la Ley Mordaza que ha llevado a la Audiencia Nacional a considerar enaltecimiento del terrorismo chistes de youtubers y tuiteros.
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