La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Contraloría de la Ciudad de México hará una auditoria para conocer cuál fue el mecanismo para que la administración pasada otorgara los permisos de operación a los nuevos verificentros.

Asimismo, comentó que la Secretaría de Medio Ambiente anterior, a cargo de Tanya Müller, perdió cerca de 25 amparos que fueron interpuestos por los dueños de los centros de verificación a quienes ya no se les renovó la concesión.

“La secretaria de Medio Ambiente, de la anterior administración, perdió cerca de 25  casos de amparos, pero que interpusieron distintos verificentros,  y que realmente ya están perdidos; entonces lo que se está evaluando es con los verificentros actuales, con los que finalmente tendrán que volver a abrir  una convocatoria o no”.

Hace un año, la administración del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, retiró las concesiones a operadores de verificentros y les prohibió brindar servicio.

Hasta 2017 funcionaban 83 verificentros, pero con el argumento de que algunas funcionaban con equipos de medición de contaminantes ya obsoletos, el Gobierno capitalino retiró al menos 29 concesiones el 2 de enero de 2018. Lo anterior a pesar de que meses antes les había solicitado actualizar sus equipos para poder seguir operando.

Derivado de aquel conflicto, los concesionarios que no fueron revalidados quedaron fuera del negocio de verificación de los más de 2 millones y medio de vehículos que circulan en la capital. Más de 15 concesionarios se unieron en la Asociación Ecológica de Verificación e interpusieron juicios en contra de aquella decisión.

Impugnaron la convocatoria que lanzó la directora general de Calidad de Aire, cuando en uso de atribuciones le correspondía al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, o en su caso, a Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente (Sedema).

Ayer Claudia Sheinbaum reconoció que “realmente están perdidos” los amparos interpuestos por los dueños de los verificentros.

En entrevista con Crónica, Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, dijo que los recursos fueron ganados porque la pasada administración incumplió y realizó una convocatoria amañada para la operación de los nuevos centros de verificación.

Indicó que una de las causas para ganar los amparos fue la afectación a empresarios y trabajadores de estos centros, a quienes de la noche a la mañana se les cerró su fuente de empleo de manera irregular.

Gustavo Torres indicó que están a la espera de una nueva indicación del Gobierno de la Ciudad, puesto que el juez ordenó que se les incluya en la operación de los nuevos verificentros. Incluso reconoció el trabajo de Sheinbaum y celebró que haya anunciado que el Gobierno local haya perdido los amparos.

“Fue injusto el retiro de concesiones y la nueva convocatoria fue hecha a modo, hubo opacidad en la entrega de las nuevas concesiones, fue raro que Miguel Ángel Mancera entregara dichos permisos a gente que no tenía experiencia en cuestiones ambientales y éstos fueron beneficiados”, dijo Torres.

Y agregó: “Estamos en procesos jurídicos que hemos ganado para que se nos reintegren las concesiones, la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha mostrado disponibilidad para revisar la entrega de las concesiones”.

IRREGULARIDADES.  Apartir de enero de 2018 comenzaron a operar 55 nuevos concesionarios con una vigencia de diez años. Sin embargo, la Asociación Ecológica de Verificación acusó que, del total, cinco empresas obtuvieron el 50 por ciento de los permisos para operarlas: Verificaciones Centenario SA de CV (cuatro licencias); Power Cars (cuatro); Excelencia Refaccionaria Ave Fénix (cuatro); Control Atmosférico de México (siete); Ciudad Maxi Plus (cinco); Mac 1, 2, 3 y 4 (cuatro), Compañía Empresarial Vedoza (dos); y Suministros y Maquinaria Kebec (dos).

A la asociación le pareció irregular que tan sólo la firma Control Atmosférico de México obtuviera siete licencias, para las que requirió un estimado de 140 millones de pesos de inversión, teniendo en cuenta que por cada uno de los verificentros se requieren veinte millones de pesos.