La decisión de relajar los candados de protección de las licencias de conducir en Baja California es violatoria a los acuerdos firmados por todos los secretarios de seguridad pública del país desde 2016 y 2017…

Esos años, en el marco de los trabajos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determinó de manera colegiada, homologar este documento, no sólo para blindar los datos personales de los ciudadanos, sino para contar con una herramienta colectiva en contra de la criminalidad y conformar una base de datos nacional.

Se firmó el acuerdo denominado “Principios Técnicos, de Funcionalidad y Seguridad para las Características, Contenidos y Procedimiento de Emisión de las Licencias de Conducir”, el cual es de carácter obligatorio y continúa vigente, aseguró a Crónica Nolberto González Grajeda, quien como director de Ingresos del estado, área vinculada a la expedición, vivió el proceso y le dio seguimiento hasta su aplicación y cumplimiento.

De ahí la contratación, a partir de abril de 2017, vía licitación pública, de la empresa Cosmocolor, la cual garantizaba todas las medidas convenidas mediante un estricto sistema de recolección de datos biométricos.

Tras la llegada del morenista Jaime Bonilla a la gubernatura estatal, el 1 de noviembre pasado, la Secretaría de Hacienda local ordenó distender los cerrojos y contratar a la compañía Accesos Holográficos, ajena a la elaboración de licencias, sin protocolos internacionales y la cual ha sido investigada por diversas irregularidades en al menos tres estados del país.

El convenio referido consta de 16 capítulos: entre los principales está el III, el cual detalla la homologación de los estándares técnicos de las licencias, cuya información comenzó a integrar los sistemas automatizados de Plataforma México; el IV, sobre los documentos probatorios solicitados antes de la entrega; el V, en torno a las medidas de seguridad como el acopio de información biométrica; el VI, el cual describe el software para verificar la autenticidad del documento y los datos de usuarios.

Además: el VII y el VIII, enfocados a la capacitación de los funcionarios estatales para el uso de herramientas tecnológicas de verificación y el suministro de datos a la Plataforma, así como el XIV y XV, orientados a la explotación y consulta de la información proporcionada por las 32 entidades.

González Grajeda, el hombre más avezado en licencias de Baja California, pues estuvo involucrado en la materia durante 13 años, accedió a charlar con Crónica en su actual despacho de contaduría.

“En algún tiempo Baja California ya tuvo licencias con seguridad mínima, y es cuando se dio la falsificación: se mandaban hasta a domicilio, pero a los falsificadores se les echó a perder el negocio porque en 2017 se contrató a una empresa que comenzó a capturar el iris y otros datos biométricos; para nosotros era muy caro comprar esos equipos en un tiempo relativamente corto, además de que el tema varió desde 2016, porque ya había disposiciones federales que nos obligaban a incrementar las medidas”.

—¿Cuáles?

—Ese 2016 la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solicitó a todos los secretarios de seguridad estatales organizar una mesa para comenzar a discutir cómo se cerraba el paso a la inseguridad en el tema de las licencias, que eran diferentes en todos los estados y municipios, y era urgente compartir una base de datos homologada, confiable y segura.

—¿Cuándo se firmó el acuerdo?

—En mayo de 2016 se decidió ir alimentando las disposiciones con opiniones de todos los secretarios, hubo un periodo de transición para realizar cambios, y en 2017 entró en vigor. Incluso el 7 de agosto de 2017 se nos envió un oficio donde ya se nos pedía cumplir las medidas.

—¿Cuáles eran las más importantes?

—Todas, porque era integral, desde desaparecer el domicilio del plástico hasta cuestiones estrictas de seguridad. En el capítulo 5 desarrolla ese tema, como el lector del iris, ya no sólo eran fotocopias de las huellas, había que tomar las 10 huellas, y datos biométricos, con un chip interno para ser leído por cualquier autoridad de seguridad. Hasta que concluyó la administración anterior, el 31 de octubre, sí se cumplían los parámetros.

—¿El acuerdo era obligatorio?

—Sí, de carácter obligatorio para todos los estados a través del Secretariado Ejecutivo; lo que no se incluyó fue una sanción para las entidades que no cumplieran.

—¿Sigue vigente?

—Que yo sepa no ha habido ninguna modificación ni alcance al acuerdo, siguen vigentes las disposiciones.

—Finalmente estaban encaminadas a proteger a las personas...

—Sí, a la seguridad, pero también a compartir una base de datos, para que una licencia de Baja California o cualquier otro estado fuera validada en toda la República, y pudiera ser consultada en la plataforma por las autoridades de seguridad. Desde la secretaría encargada o alguna de las subsecretarías se enviaba la información al C4 y de ahí al Sistema Nacional de Seguridad.

—¿En el periodo en que se reforzaron las medidas fueron controladas las mafias de falsificación y robo de identidad?

—Sí, el 99 por ciento de las denuncias que se turnaban y que yo turnaba a las áreas internas para su investigación resultaba ser falsas, era de perfiles cambiados o inventados. No recuerdo que hayamos detectado una licencia clonada. Porque además se limitó el acceso a bases de datos, y se requería de un grupo numeroso de funcionarios y otros mecanismos tecnológicos para darle un mal uso al sistema. Había una serie de candados muy difíciles de burlar.

—Ha dicho que no hay una sanción tácita, pero desde el enfoque de seguridad y de la ética pública de los gobiernos, ¿qué representa desdeñar las medidas?

—El problema de seguridad en el país no es menor, y cada área tiene que aportar a favor, no se puede relajar o decir que no tiene un efecto, claro que lo tiene y es inseguridad. Tampoco es válido dejar de colaborar con las distintas autoridades estatales y federales, es fundamental la participación. Si se argumenta el tema de los costos, es más costosa la inseguridad.

—¿Se vale argumentar austeridad?

—No, tal vez sí revisar los costos, siempre hay que estar pendientes de las tecnologías de la información para facilitar los procesos. Hay que aprovechar esa inteligencia, no echarla por la borda. Las medidas no debieran ser peores de una administración a otra, sino cada vez menos vulnerables.

—¿La licencia tiene un valor especial en una zona fronteriza como ésta?

—Sí, por el tema migratorio, porque tiene reconocimiento de muchas instituciones financieras, bancos, y del gobierno de Estados Unidos para manejar en carreteras, es un documento oficial que expide el estado.

—¿Los candados de seguridad implicaron un incremento en el precio al público?

—Nunca incrementamos el costo de las licencias, siempre fue el mismo, apenas actualizado por la inflación, pero no tuvo efecto en la economía popular.

—¿Los procedimientos de contratación eran del conocimiento del secretario en turno?

—Son decisiones que se toman de manera colegiada, no unilaterales.

—¿Un secretario de finanzas o de Hacienda podía decir: no supe ni a quién contrataron?

—Tenía que saber el titular, porque es el que firma la orden de compra, el que suscribe, incluso me hacían llegar copia del oficio donde el secretario solicitaba placas, tarjetas, licencias, se nos marcaban copia a todos...