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Durante la ceremonia de investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, la cantante puertorriqueña Jennifer López, interpretó This Land Is Your Land, una de las canciones más populares de la música folk en este país, escrita por Woody Guthrie, pero más allá de su actuación musical, la también actriz, marcó un momento histórico al pronunciar, en español, un fragmento del juramento a la bandera de EU: “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.
Todo ello, bajo un contexto donde se fusionaban los colores azul y rojo que parecían generar el tono morado de la vestimenta de la Vicepresidenta Kamala Harris, al igual que el outfit de las ex primeras damas Michelle Obama y Hillary Clinton, dejando atrás rápidamente a la administración de Donald Trump, ya que la comunidad latina en Estados Unidos no tuvo ninguna representación en ese gabinete.
Otra buena señal para la comunidad latina en EU, es que la página oficial del Gobierno estadounidense reactivó su versión en español y también en sus redes sociales. Cabe destacar que el español es la segunda lengua más hablada en este país, con más de 43,2 millones de hablantes nativos, solo por debajo del inglés.
Bajo el mismo enfoque, recordemos que durante su campaña, Biden declaró que los latinos representan casi 20 % de la población en Estados Unidos y que son el “futuro” de ese país, por lo que consideró “ridículo” continuar con las políticas de Trump. Además, llamó a acabar con el ciclo en cual los latinos, en los buenos tiempos, son olvidados, y en los malos son los primeros en encabezar la lista de problemas y, peor aún, los últimos en ser atendidos.
Desde luego, esto hay que tomarlo en cuenta de acuerdo al valor de lo expresado en un discurso de campaña electoral, pero la esperanza para que millones de indocumentados y dreamers mejoren sus condiciones de vida en esa nación, se incrementó el primer día de Joe Biden al frente del gobierno de Estados Unidos, tras enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada como "la más progresista en la historia" de ese país.
El plan, llamado U.S. Citizenship Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense), espera contar con el respaldo de la Cámara de Representantes y del Senado y aunque la iniciativa no supone acciones inmediatas, es vista como un paso crucial e importante para regularizar el estatus migratorio de más de 10 millones de indocumentados que llegaron buscando el sueño americano.
De acuerdo al amparo de esta legislación, aquellos sin estatus legal que residen en EU desde antes del 1° de enero de este año, podrían solicitar una residencia temporal misma que podría volverse permanente (también conocida como green card) luego de cinco años. A partir de allí, en tres años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desean. Entre otras cosas, los solicitantes serán sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos.
En relación a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y trabajadores agrícolas "que cumplan requisitos específicos", de acuerdo a la legislación, calificarían inmediatamente para la residencia permanente y al cabo de tres años, podrían también solicitar la naturalización.
Más allá de que la legislación proyectada por el nuevo gobierno prometa la creación de canales legales y seguros para los solicitantes de asilo y refugiados, mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados, significa reabrir para muchos jóvenes la posibilidad de seguir sus sueños.
Según datos del vecino país, los beneficiarios de DACA, también llamados dreamers, son más de 690 mil jóvenes de los cuales el 75% de son mexicanos y llegaron a EU cuando eran niños, en promedio a una edad de 6 años; actualmente la mayoría de ellos tiene 24 años de edad; el 53% son mujeres y 47% son hombres, por lo tanto son jóvenes que, en su mayoría, por iniciativa de sus padres junto a ellos dejaron México, con el propósito de generar mejores oportunidades y que hoy están a unos pasos de desarrollar y sumar su potencial al crecimiento del país que por decisiones presidenciales, un periodo les dice sí y al siguiente les niega derechos.
Ahora que Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, en días recientes, también ha pedido a inmigrantes mexicanos y de Centroamérica, que no se aventuren hacia EU porque las políticas no cambiarán inmediatamente.
Por tanto, el tema de migratorio, es una tarea multilateral y para el caso de nuestro país es necesario revisar qué se está haciendo para generar las oportunidades y las condiciones que aseguren a la población y, sobre todo, a las nuevas generaciones la estabilidad y el arraigo en sus lugares de origen que promuevan el progreso en sus comunidades.
Al mismo tiempo valdría mucho revisar qué ha pasado con los beneficiarios de programas emergentes que el Gobierno de México implementó, principalmente en el sexenio pasado, tras la decisión del expresidente Trump –el 5 de septiembre de 2017- para terminar con el DACA luego de haberse iniciado, en 2012, como un mecanismo que permitía a los jóvenes no ser deportados y obtener un permiso para estudiar y trabajar en EU.
En respuesta a esa decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, exaltaban las contribuciones económicas y culturales de los jóvenes migrantes a Estados Unidos y prometían que los jóvenes dreamers que fueran deportados serían recibidos en México “con los brazos abiertos”.
Ello implicó varias iniciativas, a las que se destinaron importantes recursos humanos y financieros, a fin de que los dreamers accedieran a talleres informativos, asesorías personalizadas de abogados migratorios, trámites de pasaportes y apoyo económico, en caso de que su situación financiera lo ameritara. De igual forma se proponía aprovechar sus talentos y capacidades e integrarlos a la economía nacional.
Sería interesante saber si el gobierno actual les dio algún seguimiento a los dreamers que fueron deportados y si recibieron algún tipo de beneficios y a qué se dedican.
Sobre todo ahora que ambos gobiernos, en especial el de Estados Unidos, ha decidio revisar su política migratoria y nuestro embajador esta entregando la titularidad de la SEP.
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