A menudo los héroes son desconocidos.

Benjamin Disraeli

Nuestro marco jurídico dispone un procedimiento complejo, pero a la vez virtuoso, en términos de certeza e imparcialidad, para la integración de las mesas directivas de casilla. Abarca, a grandes rasgos, dos etapas. A la primera, corresponde el sorteo que el INE realiza para determinar la letra del alfabeto del apellido paterno, con la que iniciarán las visitas a la insaculación del 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada sección electoral, que realizan consejos y juntas distritales, y a la visita que los capacitadores asistentes electorales efectúan para notificar y capacitar a esos ciudadanos. En la segunda, se realiza otro sorteo, ahora para determinar el orden de participación de los ciudadanos que aceptaron fungir como funcionarios de casilla, los capacitadores consolidan la participación de esos ciudadanos, les entregan sus respectivos nombramientos y los capacitan sobre las funciones que llevarán a cabo durante la jornada electoral.

Los supervisores y los capacitadores asistentes electorales afrontan diversas conidiciones adversas en su camino por garantizar que las mesas directivas de casilla se integren debidamente. No hablamos sólo de las consabidas dificultades geográficas, climatológicas y socio culturales, pues éstas las han superado reiteradamente, sino de los variados riesgos que ahora asolan a nuestro país.

De acuerdo con informes conocidos por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, cada entidad federativa presenta problemáticas particulares que afectan los trabajos de los capacitadores. En primer lugar, las condiciones de inseguridad se han agravado durante este proceso electoral. En las entidades federativas donde el índice delictivo es mayor (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Tamaulipas y Veracruz) supervisores y capacitadores han reportado un mayor número de robos. Que además se han acentuado debido a que cada uno de ellos lleva consigo un teléfono móvil que utiliza para informar, en tiempo real, sus avances en la capacitación, entrega de nombramientos, características de las casillas electorales y simulacros del PREP y conteo rápido.

La inseguridad pública no sólo se ha manifestado en casos de robo, también en situaciones que han puesto en riesgo la vida e integridad física de los capacitadores. El pasado domingo, 20 de mayo, un capacitador electoral fue asesinado en el Estado de Guerrero sin que, hasta el momento, exista certeza sobre si el caso fue producto de su labor como funcionario o de la inseguridad ya prevaleciente. A este lamentable caso, que exige la rápida y eficaz intervención de las autoridades, se suman otros, por ejemplo: en Guanajuato, una capacitadora electoral fue herida en la pierna con arma de fuego; en Jalisco, un capacitador fue golpeado por un grupo de personas mientras entregaba notificaciones; entre otros sucesos.

Otra dificultad a la que se enfrentan los capacitadores, es la apatía generalizada de la ciudadanía para participar como funcionarios de casilla. En este aspecto, los capacitadores se convierten en mediadores profesionales, ya que deben convencer a una ciudadanía desencantada con las instituciones públicas y con los partidos políticos. Su tarea no es sencilla, pues el índice de rechazo es alto, especialmente en estratos de clase media alta. La paradoja es que a mayor nivel económico y educativo, menor participación en las elecciones.

Además de lo anterior, el capacitador debe vencer una adversidad adicional: los pagos y dádivas que varios actores políticos ofrecen a los ciudadanos para que, habiendo sido notificados para ser funcionarios de casilla, se conviertan ahora en representantes de los partidos en las casillas. El factor económico es determinante, ya que el apoyo que ofrece el INE a los funcionarios de casilla es simbólico (en el Proceso Electoral Federal anterior fue de apenas 300 pesos), mientras que dichos actores ofrecen desde 500 hasta 1500 pesos. Si bien es cierto que el Reglamento de Elecciones establece un procedimiento para evitar que los funcionarios que recibieron su nombramiento, en la segunda etapa de capacitación, participen como representantes de partido el día de la jornada electoral, dicho mecanismo ha resultado insuficiente, ya que si los ciudadanos se niegan a recibir el nombramiento no existe impedimento legal alguno para que participen como representantes.

Finalmente, es indispensable aludir a la remuneración que perciben los capacitadores, que se integra por honorarios, compensación y gastos de campo. La suma mensual de honorarios y compensación es de poco más de 6 mil pesos mensuales, mientras que los gastos de campo dependen de las distancias que recorran en los distritos electorales, oscilando entre 2500 y 5900 pesos al mes.

Esa remuneración conlleva otra problemática ya que este año se instalarán casillas únicas en 30 entidades federativas, lo que representa mayores cargas de trabajo, debido a que este tipo de casilla se integra con 6 funcionarios propietarios y 3 suplentes generales, mientras que en casillas federales o locales, se integra con 4 funcionarios y 3 suplentes. Lo anterior se traduce en un mayor número de recorridos, simulacros y, por ende, gastos. A pesar de ello, en este proceso, la remuneración de capacitadores no tuvo incremento alguno en relación con la otorgada en 2017.

A pesar de todas estas condiciones adversas, hay capacitadores que con entusiasmo recorren los caminos de nuestro país, buscando que los ciudadanos designados como funcionarios de mesas directivas de casilla reciban su nombramiento y convengan la fecha en que realizarán un simulacro sobre el desarrollo de la votación y el subsecuente escrutinio y cómputo. Son héroes anónimos.

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