Entre la polémica de la rifa del avión, los tamales de chipilín, la detención de Emilio Lozoya y otros temas que han acaparado los medios, las redes, los memes y el análisis, el pasado 12 de febrero se presentó por el presidente de la Suprema Corte, la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, firmada por el presidente López Obrador, que aspira a ser la más trascendental en lo que va de este siglo.

El planteamiento de reforma parte de un diagnóstico triste pero real, que este poder ha sido invadido por frecuentes prácticas de corrupción, acoso sexual y nepotismo, que se han enquistado en él, convirtiéndose en usos y costumbres aceptados, no en todos, pero en suficientes juzgadores y juzgados para llevarse entre las patas a todo poder judicial federal.

Parte de la propuesta de reforma va muy acorde a lo que es el sello de este sexenio, que todos los poderes del Estado se comprometan con la honestidad, igual terminar con los moches legislativos, la venta de la ley en el judicial o las concesiones para los cuates en el ejecutivo, entre otras prácticas. El Estado no es sólo el ejecutivo, para que el servicio público funcione adecuadamente y para tener el estado de derecho al que aspiramos, debe haber un hacedor de buenas leyes, un correcto ejecutor de estas y un buen juez de su adecuada aplicación.

El texto presentado ante el Senado no se limita sólo a frenar la corrupción y el nepotismo, sino que también plantea cambios a los procedimientos judiciales, evitando la saturación del pleno de la Corte, así como crear el sistema de precedentes que sustituiría al de las tesis.

El controvertido tema de sueldos no fue incluido, pero seguro será parte del debate en el Congreso. Aquí podría haber divergencia entre las políticas del Presidente de la República y del propio poder judicial. Los altos sueldos de los juzgadores fueron concebidos de esa manera para evitar la corrupción y garantizar que se sentenciara conforme a derecho y no caer en la tentación de venderse, pero aún así muchos cayeron, con todo y sus salarios.

Más aún, la justicia en México sufre de algo sobre lo que esta reforma no tiene injerencia directa, los tribunales estatales, donde también hay corrupción y demás, así como poca o nula la independencia de los ejecutivos, siendo las magistraturas fichas de cambio para pago de favores políticos, nepotismo y amiguismo.

Es importante que el espíritu de esta reforma presentada ante el legislativo se extienda hacia los Estados, sin que se acuse de centralismo, pero reconociendo que el diagnóstico es similar y por lo tanto la medicina es apropiada.

Así también debe privilegiarse las alternativas preventivas para bajar aún más la carga del poder judicial federal y los locales desde abajo, privilegiando la mediación y el arbitraje como prácticas privadas que puedan ser una solución a las controversias sin llegar a unos juzgados de por si ya saturados.

Sin duda urgía poner el dedo en la llaga y que mejor que hacerlo con una propuesta de reforma y no sólo como una acusación o autocrítica sin consecuencias. Buenas expectativas genera la iniciativa en este proceso de cambio en México que debe empezar por cumplir la demanda de más y mejor justicia para todos, particularmente para los que menos tienen.

Twitter: @AMaximilianoGP
maximilianogarciap@gmail.com