La figura de los llamados superdelegados ha sido muy cuestionada desde su creación, incómoda para algunos, exceso de concentración de facultades o imposible de operar administrativamente, han sido parte de los inconvenientes que se les han achacado. El cargo tendría muchas tentaciones, ser casas de campaña, refugio del grupo político de los delgados o fuente de ingresos ilícitos; en pocas palabras la ­corrupción que hoy intenta combatir el Presidente de México.

En cuanto a lo político, los nombres de varios delegados causaron molestia en algunos gobernadores. Se trataba de personajes con los que estaban abiertamente enfrentados, incluso que habían sido sus contrincantes en los procesos electorales, como fue el caso de Delfina Gómez en el Estado de México o el de Carlos Lomelí en Jalisco, ambos candidatos de Morena a la gubernatura. La ironía era grande, ya que implicaba que los hoy gobernadores tendrían que pedir recursos para proyectos a sus enemigos políticos. Recordemos que las entidades viven de los recursos federales, siendo los ingresos propios una muy pequeña parte del presupuesto con el que hacen obras y otorgan servicios.

Por otro lado, la concentración de facultades y toma de decisiones implicaba mucho poder, pero en realidad no ha sido fácil ejercerlo. Administrativamente muchas oficinas que antes eran delegaciones federales hoy se encuentran descabezadas, sin posibilidades de resolver con la celeridad que los asuntos lo requieren, sin que los superdelegados puedan tener la capacidad ­real de atender tanto y de tan diversas especialidades. Incluso el gobierno federal exploró la posibilidad de crear figuras de delegados por sector, para componer la situación actual y lo que quizá pudiera considerarse como un fallido intento por concentrar todo en una sola persona.

Pero el que no sean funcionales las superdelegaciones no implica que no tengan facultades o poder y eso a veces puede ser utilizado para traficar con influencias y otro tipo de actos ilícitos que son definidos en general como de corrupción. Este fue el caso de Carlos Lomelí quien cometió el error de poner a prueba a dos personas, al gobernador Enrique Alfaro y al presidente López Obrador. El primero, adversario político le seguiría los pasos y al primer error lo exhibiría, directa o indirectamente, mientras que el Presidente y su equipo tuvieron que iniciar carpetas de investigación.

Por supuesto que la noticia impactó en la imagen de Morena, ya que la bandera más importante del Presidente es la honestidad, con la que hizo campaña señalando las graves faltas de gobernantes de otros partidos. Así el caso Lomelí es una afrenta pero pudiera ser una oportunidad para mandar el mensaje correcto, de que quien cometa actos de corrupción será castigado, sin miramientos a los colores.

Habrá otros que en vías de un proyecto personal ocupen las superdelegaciones como casas de campaña y los programas sociales como dádivas personales, “favores” que les tienen que ser agradecidos en lo personal, pero incurriendo en delitos electorales.

Así mismo, la renuncia de Lomelí, que en cualquier momento hubiera sido remoción, mandó un mensaje a todo el país: los funcionarios pueden ser cesados y para el 2021 hay todavía un largo tramo.  Quienes no crean la advertencia hecha por el Presidente a quienes utilicen los recursos públicos para proyectos personales podrían estar minimizando el mensaje. Carlos Lomelí es la primera cabeza colgada en la plaza.

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