Ante la disminución de recursos federales, de los cuales han vivido las entidades federativas por décadas, así como gran parte de los municipios del país, vuelve a ser materia de discusión las deudas locales, lo grandes que muchas de ellas ya son, e incluso la necesidad de contratar más para financiar proyectos públicos o bien aumentar los impuestos locales.

Era un hábito observar el endeudamiento como nación, particularmente a partir de que éste fue tan alto y tan mal manejado, que nuestro país cayó en impago. Aún están frescas, para algunas generaciones, las imágenes de Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda con los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid, declarando la imposiblidad financiera de México para afrontar los pagos de su deuda. Desde entonces uno de los principales temores en el manejo de las finanzas públicas ha sido excederse en el endeudamiento, lográndose una disciplina fiscal desde las épocas de Ernesto Zedillo, posteriormente al rescate que el gobierno de Bill Clinton hizo de nuestro país, hundido en una de las grandes crisis de su historia.

Pero en tiempos de disciplina fiscal de las finanzas federales y de control inflacionario, existe otro factor que preocupa al país, que forma parte de sus factores de riesgo, pero que por muchos años pareció no importar tanto como para voltearla a ver, se trata de la deuda de las entidades federativas.

La autonomía real que fueron ganando los Estados con la alternancia, el dominio sobre sus legislaturas, independientemente de su conformación política, hizo que muchos de ellos se endeudaran sin control, y aunque el registro de deuda de entidades tiene tiempo funcionando, no se pudo o no se quiso poner el alto a los financiamientos cuyo destino pocas veces se veía reflejado en el patrimonio público y sí en el patrimonio personal de muchos gobernantes o en campañas.

Los municipios también entraron a la dinámica del endeudamiento, algunos debían pedir permiso a los congresos estatales, otros buscaron alternativas, dentro de las posibilidades jurídicas que le ofrecía el Artículo 115 constitucional, dando como resultado también un sobreendeudamiento muy por encima de sus capacidades de pago.

Las legislaturas locales han sido cómplices en muchas ocasiones, dejando de analizar con seriedad los esquemas propuestos para endeudamiento, el objeto del mismo y la relación ingresos y egresos, pero afortunadamente la Ley de Disciplina Financiera ha complicado a los Estados, Ayuntamientos y congresos locales, disfrazar compromisos económicos a largo plazo y ahora simplemente debe llamársele por su nombre, deuda pública, a todo financiamiento que constituya un pasivo, independientemente de la modalidad con que éste sea envuelto.

Hoy, en los tiempos de restricción de recursos federales, las entidades estarán recurriendo al aumento y creación de impuestos, siendo quizá un siguiente paso desempolvar la posiblidad de llevar a cabo una nueva Convención Nacional Hacendaria donde busquen otras alternativas como conservar parte de impuestos, como el IVA, que en algún momento se propuso que se quedará en los estados y municipios que lo cobraran, mandando sólo el 10 por ciento o menos a la federación.

El presupuesto 2020 plantea la necesidad de un nuevo esquema para los Estados y municipios, una nueva estrategia para generar recursos propios y mantener su gasto. Son los tiempos de incrementar ingresos y eficientar el gasto, tratando de no generar sobresalto en los ciudadanos y más aún en el electorado. ¿Podrán hacerlo?

@AmaximilianoGP

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