Vaya días cargados de momentos difíciles en el arranque de las definiciones, primero para revertir la llamada reforma educativa y la omisión de la autonomía en el texto de contrarreforma, así como la novedad de que apareció disminuido el apoyo en el presupuesto federal a las universidades públicas del país, lo que provocó manifestaciones expresas de rectores y de la propia ANUIES contra el mismísimo ejecutivo, por un aparente incumplimiento de su palabra. Al final se recapacitó en ambas, pero se tocó una fibra sensible que valdría la pena no dejar de analizar: la autonomía de cátedra versus el uso de dinero público de las universidades.

Si existe algo sagrado en el esquema de universidades públicas es el respeto a su autonomía, que en parte consiste en que ningún gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, intervenga en sus decisiones internas, tanto de gobierno propio, expresado en la elección de sus autoridades universitarias, como de la aplicación del presupuesto, sin el que la autonomía sería de papel.

La lucha de las universidades públicas es en buena medida presupuestal, que no sólo consiste en que no se metan con lo que hacen con su dinero, sino en obtener más. Por esto en muchos estados, las universidades públicas pugnan ante sus congresos locales para que se destinen recursos fijos, expresados en porcentajes del presupuesto establecidos en la ley.

En lo federal no es la excepción este tema de los dineros, por ello el sobresalto de las universidades cuando notaron que el primer presupuesto de la Cuarta Transformación disminuía el monto para estas instituciones que dan cabida a millones de jóvenes en todo el país, a precios mucho más económicos que las universidades privadas y que, en algunos casos, son de igual calidad que aquellas.

Hasta ahí no hay batalla más justificada que la que es en pro de la educación, que es la inversión más importante que se puede hacer para propiciar la transformación de un país, como ha sucedido en muchos lugares, principalmente en las naciones asiáticas, que deben mucho de su éxito a sus políticas en este rubro.

Sin embargo hay casos, no pocos, donde esa autonomía de cátedra y de decisión sobre el ejercicio de recursos, públicos gran parte de ellos, ha sido mal interpretada y también abusada con conocimiento de causa por rectores y directores de facultades y escuelas. Tan grave como la corrupción en el sector público es la corrupción y la utilización de cargos en las universidades para propósitos no académicos.  En aras de la autonomía, hay autoridades universitarias que se han llenado las bolsas en el ejercicio de los recursos, donde igual operan moches o proveedores favoritos, esto al margen de ventas de ingresos y otras tantas prácticas que dan vergüenza y forman una parte más de esta preocupante cultura de corrupción que impera en el país.

Ha sido una gran noticia saber que el presidente López Obrador reconsideró la propuesta del presupuesto de egresos 2019 y replanteará los recursos para las universidades públicas en beneficios de sus estudiantes, de la investigación y de la docencia. Sólo valdría la pena apuntar el ojo a aquellas instituciones donde la bandera de la autonomía se usa para impedir que otras autoridades facultadas se asomen a ver las cosas que se hacen y que no son, digamos, lo más formativo que pueden aportar las universidades al futuro del país.

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