Para muchos ha sido escándalosa la decisión del Congreso de Baja California, donde por votación de una mayoría calificada, los diputados locales y los ayuntamientos, como constituyente permanente local, ampliaron el periodo constitucional para que Jaime Bonilla Valdez, electo recientemente como gobernador de dos años, amplie su mandato a 5 años por efecto de la modificación legal posterior a la elección. Hay todo tipo de interpretaciones, políticas y jurídicas, la decisión final la tendrá la Suprema Corte de Justicia.

A pesar de que la autoría intelectual de la reforma ha sido cargada a Morena, el Congreso de Baja California que lo aprobó es de amplia mayoría panista y en menor medida priista, siendo los únicos partidos que juntos pueden tener mayoría calificada. En la composición actual, Morena, que tiene sólo tres legisladores, no puede lograr la mayoría calificada con ninguno de los partidos grandes por separado. Con el PAN sólo lograría 15 votos conjutamente, mientras que sumado al PRI no tendría ni la mayoría simple. A pesar de estos números, una mayoría calificada de 21 legisladores, mayoritariamente de Acción Nacional, aprobó la modificación constitucional a la que nos referimos.

Como antecedente, Carlos Torres, líder de los diputados panistas y Presidente del Congreso, pieza clave en la reforma, había solicitado ya anteriormente licencia para no participar como militante en los recientes comicios locales en los que su partido perdió la gubernatura. Este panista compartía una larga historia con el hoy Presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, quien fue su par como dirigente estatal juvenil, el primero en Baja California y el segundo en Michoacán. Los dos integraron la Secretaría Nacional Juvenil, Torres como Secretario y Cortés como segundo de abordo en su carácter de Coordinador General. A pesar de este vínculo, la relación se rompió y se reflejó en la votación, cuyo atrevimiento de los aún blanquiazules les podría costar la expulsión, aunque eso no sea algo que parezca tenerlos muy preocupados.

De hecho, al legislativo de Baja California, panistas, priistas, morenistas y otros, aún podría quedarles un acto adicional. De acuerdo con las declaraciones de “Kiko” Vega, éste no publicará la reforma, pero eso no será suficiente para bloquearla. En realidad el gobernador no puede hacer un veto de bolsillo al no publicar, por lo que le queda la opción de observarla y devolverla al Congreso, esperando que no se vuela a aprobar con las misma mayoría calificada, ya que en ese caso tendrá también la obligación de publicarla.

Una vez publicada todo estará en manos del judicial, en el entendido que será recurrida legalmente. Se cree que de sostenerse la reforma por parte de la Corte sentaría un precedente en perjuicio de lo que pudiera hacerse en otros estados, aunque Baja California era el último Estado pendiente para homologar sus elecciones locales con las federales, por lo que se antoja difícil que vinieran otros. Los líderes de oposición ya han manifestado que combatirían la reforma si se publica, pero Yeidckol Polevnsky está conforme con lo aprobado, mientras que el Presidente López Obrador se ha deslindado públicamente de la controvertida reforma.

El poder judicial tendrá entonces en sus manos una papa caliente, aunque a simple vista y dados los referentes jurídicos y principios democráticos, se antoja complicado que el máximo tribunal avale la disposición que amplia el término de gobierno en Baja California. Por lo pronto, algunos insisten en ligar el caso con el fantasma de la reelección presidencial, mezclando peras con manzanas.

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