En febrero de 2014 se publicó en el DOF la reforma política promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados del Pacto por México, incluido el PAN y el PRD. En su momento ésta fue aplaudida por la clase política, aunque pasó prácticamente desapercibida para la población en general. Entre otras cosas, esta reforma contenía nuevas disposiciones sobre diversos temas políticos electorales, incluido uno que había sido tabú en la historia política contemporánea de nuestro país, la reinstauración de la reelección.

La reforma fue de gran calado, incluyó cambios de fondo al sistema democrático mexicano, entre ellos la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, creación de las candidaturas independientes, modificación a reglas sobre la propaganda electoral, nuevos derechos con respecto al voto de mexicanos residentes en el extranjero, así como también estableció en la Constitución la posibilidad de que los ayuntamientos, legisladores locales y federales, pudieran reelegirse, en estos últimos casos ocupando el cargo hasta por 12 años.

El debate sobre volver a permitir la reelección tenía, entre los argumentos de sus promotores, la idea de que hubiera una verdadera representación de los ciudadanos, dejando en manos de los electores el evaluar la actuación de diputados locales, federales, senadores y ayuntamientos. Los primeros en pasar la aduana fueron los Presidentes Municipales y sus planillas de regidores y síndicos, así como cientos de legisladores locales. En ese momento poco importó al Congreso aprobar una legislación secundaria, tampoco dijo nada la comentocracia centralizada en la Ciudad de México. Quienes se postularon para un segundo periodo, legisladores e integrantes de cabildos, tuvieron que ir a los tribunales para despejar todas las lagunas existentes al no haber ley secundaria. Los Senadores y Diputados Federales, una vez más, no habían hecho su trabajo.

Hoy que se ha actuado al respecto, varios se muestran escandalizados, hasta indignados. Algunos legisladores que la aprobaron en 2013, cobardemente, trataron de imputarles en redes sociales a los actuales diputados, la autoría de la reelección constitucional, cuando los legisladores hoy en funciones sólo reglamentaron los términos en los que habrían de contender si se presentan a la reelección.

Las bancadas de varios partidos, sin cuya participación no se hubiera logrado la reinstauración de la reelección en 2013, no se presentaron a sesionar, pero aún sin ellos, lo que se aprobó está en la línea de lo lógico y la tradición política en otros países donde la reelección es permitida hasta de manera indefinida, que los legisladores que se postulen para reelegirse no tengan obligación de dejar sus escaños o curules.

Es falso que alguien haya ganado aquí. Cuando se legisla sin entender que las condiciones políticas son tan cambiantes, es cuando se definen erróneamente ganadores y perdedores de las reformas. Recordemos que, tratando de cuidar lo que se tenía, ni PRI ni PAN quisieron aprobar la segunda vuelta presidencial, figura que extrañaron algunos en su intento por frenar a AMLO.

Los diputados y senadores, de mayoría o pluris, no deben asumir que serán reelectos, algunos quizá sean castigados. En su momento otros llegaran en su lugar, y también batallarán para ser reelectos, varios sin conseguirlo, aún desde el cargo, con el presupuesto de la oficina y con todo e informes que promuevan sus logros. Falso es que se esta semana aprobó la reelección.

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