En México existen diversas categorías de municipios. Si bien el artículo 115 constitucional no hace distingos, la realidad es que hay por sus capacidades, carencias, por ser urbanos o rurales, municipios tipo A, B, C, por describirlos de alguna manera. Es evidente que la capacidad recaudatoria de muchos es baja y por ende de vivir una autonomía financiera es casi imposible, dependiendo entonces de las transferencias estatales o federales. Por cierto no se sabe si los alcaldes habían también intentado pujar por más recursos con sus respectivos gobernadores y/o legislaturas, previo aventurarse hasta Palacio Nacional.
Pero aún entre municipios en igualdad de condiciones, incluso urbanos con cierto desarrollo económico, los esfuerzos por recaudar recursos propios no son siempre los mismos. La principal fuente de ingresos de los ayuntamientos son el predial y el impuesto traslativo de dominio, pero no todos los cobran con eficiencia. Otros no tienen políticas de austeridad y hacen gala de derroche de recursos públicos, a la vez que no se combaten actos de corrupción que perjudican sus propias finanzas, como son algunas concesiones de servicios municipales a modo.
Muy pocos municipios optan por la opción de asociarse para aprovechar economías de escala o para prestar servicios, lo cual podría ser muy provechoso para eficientar el gasto. Las compras de camionetas de lujo para funcionarios, celulares para todos, bonos por fuera para regidores y otros servidores públicos, es común en muchos ayuntamientos. ¿Puede y debe pedir el gobierno federal a su vez compromiso a los municipios en este sentido?
Arturo Maximiliano García
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