El diario independiente South China Morning Post aseguró ayer que las autoridades de la región de Xinjiang han introducido en su legislación el uso de centros “para educar y transformar a la gente influenciada por el extremismo” religioso.
Ante las denuncias, apenas en agosto China desmintió en la ONU la existencia de estos campos de reeducación que albergan a uigures y otras minorías de confesión musulmana en la región, situada en el noroeste del país. Según organizaciones pro Derechos Humanos, hasta un millón de musulmanes estarían recluidos en estos centros.
La nueva normativa, ya en vigor, establece que los gobiernos regionales “pueden establecer organizaciones de educación y transformación y supervisar departamentos como los centros de formación profesional para educar y transformar a las personas que han sido influenciadas por el extremismo”.
Es la primera vez que China habla abiertamente de estos centros en Xinjiang, donde reconoce que aplica “medidas”, aunque sin especificar cuáles, para combatir el extremismo religioso, al mismo tiempo que defiende que existe libertad religiosa.
La nueva cláusula se incluye en una normativa que entró en vigor en marzo de 2017 y que prohíbe prácticas como usar velo o llevar una barba “anormal”.
Personas que salieron de estos centros han denunciado que las personas permanecen retenidas sin ninguna acusación formal, sin contacto con su familia y sin abogados.
Líderes del Partido Comunista en Xinjiang admiten que se está librando una batalla ideológica y animal a combatir “hasta la muerte” la expansión del islam en la región.
En China hay unos 23 millones de musulmanes de varias etnias, el 1.7 por ciento de la población.
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