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Una disputa entre habitantes de la calle de Cañitas, en la colonia Popotla de Miguel Hidalgo y supuestos dueños de los predios 40 y 42, se registró ayer luego de que se violaran las cadenas y candados y comenzaran los trabajos de demolición en el lugar.
En los predios se construirán 53 departamentos con 43 cajones de estacionamiento, lo cual viola el uso del suelo de la zona.
Apenas y se percataron del hecho, los vecinos increparon a los trabajadores y a los que dijeron ser los dueños del lugar; incluso llamaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para pedirles apoyo.
La discusión inició a las 09:00 horas y terminó pasando las 14:00 horas, pues los colonos exigieron un acuerdo pacífico antes de que iniciara una confrontación.
Aproximadamente 30 granaderos acordonaron la zona e impidieron el acceso a los colonos, pues de no hacerlo suscitaría alguna riña entre los supuestos propietarios e inconformes.
En el lugar acudieron Cinthya Salinas, quien se identificó como directora general de demoliciones del Gobierno de la Ciudad de México, y Efraín Morales, director del área de participación ciudadana de la delegación Miguel Hidalgo.
Ambos funcionarios intentaron mediar los ánimos, pues los vecinos estaban enardecidos porque los trabajadores estaban demoliendo algunas paredes del lugar por órdenes de los supuestos dueños.
Los inconformes aseguraban que la parte respectiva al número 42, según documentos emitidos vía transparencia, no tiene permisos para construir departamentos.
Amanda explicó que tanto ella como sus compañeros emitieron vía transparencia una solicitud para saber qué sí estaba permitido y qué no en los números 40 y 42, por lo que la respuesta con Folio 0112000082217 aparece: “La presentación de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, presentada por el Invi, para llevar a cabo la realización del proyecto “Cañitas 40” consiste en la construcción y operación de un conjunto habitacional para 53 viviendas distribuidas en cuatro edificios.
Respecto al domicilio “Cañitas 42”, se informa que no se genera, no se obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada, pues no se ha realizado trámite de impacto ambiental alguno por persona física o moral”.
Al respecto, Amanda dijo que las demoliciones que realizaban los supuestos dueños no estaban permitidas, “esa es la razón de nuestra oposición, además de que las personas que se encuentran dentro no cuentan con los documentos reales”.
En tanto que Cinthya Salinas y Efraín Morales aseguraron que al hablar con los supuestos propietarios presentaron diversos documentos e incluso dijeron estar apadrinados por la asesora del subsecretario de gobierno de la capital, llamada Méderic.
“Los documentos que mostraron están avalados por el mismo gobierno capitalino y por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, pero ellos no son los propietarios, el Invi es quien debe ceder el predio”, comentó Efraín después de que la directora de demolición se negara a dar declaratoria alguna.
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