El encono de la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) ha escalado a lo largo del actual sexenio, y aunque los 31 señalados por las denuncias de la FGR y la dependencia preveían una embestida legal más, no imaginaron el tamaño de ésta, dijo en entrevista con Crónica uno de los señalados.

La persona entrevistada solicitó anonimato ante la “beligerancia” con la que ha actuado la dependencia federal y remontó el cisma entre las instituciones desde la toma de posesión de la nueva dirección, a cargo de Elena Álvarez-Buylla, quien negó y dijo desconocer el caso en el que la Fiscalía General de la República solicitó su encarcelamiento y el de 30 personas más en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por peculado y delincuencia organizada, entre otros.

No es la primera vez que la directora omite su participación en otras competencias, lo cual se remonta a la presentación de una reforma a la Ley de ciencia y tecnología, presentada por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera en febrero de 2019, que “le daba todo el poder a Conacyt”. La iniciativa no prosperó debido al rechazo de la comunidad científica que incluyó al Foro Consultivo, refiere. “La relación con Conacyt se tornó más difícil”.

Posteriormente, Conacyt decidió dejar de dar recursos al Foro como establece la ley actual de Ciencia y Tecnología, por lo que la organización –cuya mesa directiva se compone por universidades como la UNAM, IPN; Centros Conacyt y consejos estatales de ciencia; academias como la Mexicana de Ciencias, de la Lengua, de Medicina; y cámaras empresariales: Concamin, Canacintra…– solicitó un amparo, sobre el cual, mientras se resolvía, el juez federal ordenó a Conacyt otorgar los recursos solicitados y establecidos por la ley.

“Fue un balde de agua fría para Conacyt, que trató de engañar al Foro otorgando un cheque a nombre de la secretaria técnica para que lo cobrara en su cuenta personal. De haberlo hecho, se habría metido en un problema legal mayúsculo, por lo que regresó el cheque al juez, quien ordenó a su vez a Conacyt que emitiera otro a nombre del Foro –fue una trampa–; Conacyt se negó y entró en desacato, delito que se mantiene hasta ahora y se persigue por oficio, pero la Fiscalía misteriosamente no ha actuado en contra de Conacyt”.

El proceso del amparo concluyó el mes pasado con su sobreseimiento resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no se continuó el proceso, pero se avaló el otorgamiento de recursos y funcionamiento del FCCyT hasta 2019, cuando dejó de recibir financiamiento público.

EL FISCAL. 

A lo anterior se sumó la polémica del nombramiento como SNI III del fiscal Alejandro Gertz, quien fue criticado por amplios sectores de la comunidad, puesto que no cumplía los requisitos e incluso se le acusó de plagio en uno de sus libros.

“Si le estaban haciendo este favor [Conacyt] al fiscal, ¿por cuál sería a cambio?, Iniciamos con ciertas suspicacias en ese momento, no es que estuviéramos preparados, pero teníamos sospechas de que ocurriría algo. Nuestra sorpresa fue al enterarnos del tamaño de la demanda a los 31 implicados”.

La denuncia no tiene argumento jurídico ni administrativo, es de carácter política, añade, y suponen que se llevó a cabo de forma apresurada “para generar pánico en los implicados y comunidad (…) por un momento nos sentimos como presos políticos. Es una demanda sin sustento que, en caso de haber avanzado, habría sido una página negra en la historia del país”.

Los 31 científicos y personal administrativo involucrados, agregó, reconocen la solidaridad de la comunidad científica y el respaldo del rector de la UNAM, Enrique Graue, así como el de instituciones educativas y sociedad civil, a los que se agregan algunos legisladores, y agradecen a los columnistas que dieron a conocer el caso ante la opinión pública.

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