“Faltan muchas cosas por hacer y
el tiempo se nos está acabando."
Enseñanza hermética

En el 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el marco legal que serviría como piedra angular para el Sistema Anticorrupción de la ciudad: la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México.

Los diputados de Morena, inconformes con los decretos aprobados, decidieron impugnar una serie de artículos de ambas normativas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La vida siguió su curso. La Asamblea se convirtió en Congreso, el Congreso hizo varios nombramientos, reformó algunos artículos y pasaron dos años... hasta que, la semana pasada -¡Oh, sorpresa!-, el Pleno de la Suprema Corte determinó invalidar en su totalidad los decretos por los que se expidieron las leyes anteriormente mencionadas, por violaciones graves a los procedimientos legislativos.

En consecuencia, quedaron nulos una veintena de nombramientos (desde la Secretaría Técnica, pasando por varios Comités, hasta llegar a las Contralorías Internas de los Organismos Autónomos) y el Congreso tendrá que empezar de cero.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad emitió una nota informativa donde declaran estar de acuerdo con la sentencia de la Corte, argumentando que las leyes eran anticonstitucionales. Hay que ser precisos: lo inconstitucional fue el proceso legislativo mediante el cual se expidieron las leyes.

Esta distinción es especialmente importante por dos motivos: primero, porque las leyes que pronto aprobará el Congreso serán prácticamente iguales a las que fueron invalidadas; segundo, porque en la actual Legislatura las violaciones a los procedimientos y la falta de de discusión, son el pan de cada día.

Lo hemos advertido hasta el cansancio, aún ante la molestia de varias diputadas y diputados del partido de la mayoría, que piensan que los llamados de respeto a la norma tienen alguna motivación personal, cuando en realidad se trata de blindar nuestro trabajo legislativo mediante el apego a la ley: en derecho administrativo -así como en la política- la forma es fondo.

La resolución de la Suprema Corte lo dice claramente: fue necesario declarar la inconstitucionalidad total de las leyes “al no ser éstas fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo”.

La crítica, el debate, es lo que le da fuerza y sustento a una democracia auténtica. Sin intercambio de ideas, sin respeto a los derechos de las minorías, con oídos sordos a la oposición, cualquier gobierno carece de legitimidad.

Nos queda menos de la mitad del periodo en nuestro encargo como diputados y los pendientes se siguen acumulando. Ojalá sirva de lección. El tiempo se agota y nos queda poco.

*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México.Twitter: @jorgegavino