Las empresas fachada y factureras son usadas en el país para financiar crímenes y pagar la corrupción, coincidieron Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Se trata de empresas que son utilizadas particularmente para los casos de corrupción política; en segundo lugar, hablamos de problemas en materia de defraudación fiscal”, dijo él.

Y ella: “Es dinero que ni siquiera se queda aquí, que va al extranjero. En una reflexión personal, no siempre están lavando dinero, también es una búsqueda de financiamiento de otro tipo de delincuencia transnacional, que puede cometer cosas que a nosotros nos parecen inimaginables”.

“También hay falsedad en las operaciones, se simulan como tales y el dinero nunca existe, son medidas para erosionar la base gravable. ¿A dónde va a dar todo ese dinero? Corrupción, no lo sabemos, pero es demasiado”.

La mayoría de los socios, accionistas o representantes legales son jóvenes y padres de familia educados y con buen nivel académico.

Ambos funcionarios, junto a Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, compartieron resultados sobre un modelo de riesgo mediante el cual identificaron a 144 empresas de este tipo, con una facturación de 282 mil millones de pesos.

La UIF analizó los movimientos en cuentas bancarias e identificó lavado de dinero en el 100 por ciento de los casos. Investigó de manera específica a 10 y, en estas pesquisas, descubrió otras 135, las cuales facturaron otros 50 mil millones de pesos.

“De esos 10 casos se encontró que las ramificaciones seguían creciendo, la perspectiva es como si por todos lados hubiera esto. Suponiendo que por cada 10 la Unidad de Inteligencia Financiera encontrara 135 relacionadas, son mil 944 empresas o personas que pueden estar vinculadas con las 144 identificadas”, describió Ríos-Farjat.

Como ejemplo, se documentó el expediente de una empresa dedicada al comercio al por mayor de fibras, hilos y telas: de no reportar ingresos en 2017, pasó en 2018 a casi a dos mil millones de pesos.

Los nexos de estas factureras, en el tema de retiros bancarios, llegaron a China, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán, Reino Unido, Puerto Rico, Singapur, Corea del Sur, Uruguay, España, Vietnam, Canadá, Japón, Panamá, Suiza, India, Letonia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Turquía, Portugal, Emiratos Árabes e Israel.

—¿Cuál es la responsabilidad del sistema bancario nacional en torno a estas redes? —preguntó Crónica a Santiago Nieto.

—Lo que hace el sistema financiero es recibir los recursos, pero el problema de las empresas fachada y de facturación falsa tiene su origen fuera del sistema financiero.

—¿Pero usan los bancos o no en sus transacciones? —se le insistió.

—Utilizan varias herramientas, por ejemplo, el uso de efectivo, la generación de empresas con domicilio fiscal que no corresponde. En este momento la Unidad de Inteligencia Financiera y el resto de las instancias que forman parte del grupo de atención de las 40 recomendaciones de GAFI estamos en proceso de generar una evaluación nacional de riesgo en todos los sectores, incluyendo el sistema financiero.

EMPLEAN INFILTRADOS. Las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, cuya persecución fue contemplada en la reciente reforma que tipificó la compra-venta de facturas falsas como delito grave (amerita prisión preventiva de oficio), “es delincuencia organizada, verdaderas mafias que llevan a cabo la defraudación al fisco federal", describió el procurador Carlos Romero.

En estos casos, está contemplado el uso de “escuchas, con objeto de tener infiltrados, cateos, criterios de oportunidad, y llegar a las cabezas de estas redes criminales para seguir la huella del dinero en efectivo”.

Y RESPONDEN A DENUNCIA DE CRÓNICA... Crónica cuestionó a la jefa del SAT sobre la argucia de los contrabandistas de ingresar al país mercancía subvaluada, incluso por debajo del valor de la materia prima.

“Sí, hemos detectado prácticas muy perversas. En Aduanas hay situaciones muy parecidas a operaciones simuladas respecto a impuestos internos”.

En los últimos días este diario reveló que, conforme a la Ley de Aduanas, quienes incurran en estas prácticas están obligados a depositar en las cuentas de la institución una garantía equivalente al monto de la subvaluación, en tanto la autoridad investiga si la operación es ilícita o no. Sin embargo, todo el dinero depositado en el último tramo del gobierno de Peña Nieto fue devuelto a los contrabandistas, lo cual significó un desfalco de al menos 55 mil millones de pesos.

“Lo tenemos documentado como Crónica lo está observando. Y otro tipo de cosas asociadas con los depósitos, la declaración de abandonos, aunque a veces la mercancía vale menos que lo que puede costar la renta del recinto fiscal”, dijo Ríos-Farjat, quien adelantó un plan oficial para frenar la ilegalidad.

El área encargada dentro del SAT de realizar esas investigaciones es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE). “El área se encuentra en evaluación interna. Si bien es conveniente tener una administración general que maneje los temas de comercio exterior, hay una realidad que actúa afuera (los contrabandistas) y es más conveniente llegar sobre un funcionario o sobre una unidad, y no sobre varias, es lo que estamos definiendo para abatir estas prácticas”.