Debajo de la poderosa e ingobernable sábana que es la superficie del mar, un proceso preocupante evoluciona con impactos ecológicos y sociales: el colapso de las poblaciones de animales de consumo humano. En 2009, la revista británica Nature calculó que 96 por ciento de las pesquerías del mundo estaban al borde del colapso; en 2015 el Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre (WWF) calculó que se habían cumplido 40 años con caída en las capturas, y un estudio de este años de la revista Fish and Fisheris indica que en México cada vez hay más pescadores y son más pobres.

Desde diferentes perspectivas, pero confluyendo en una misma petición, científicos, autoridades y organizaciones no gubernamentales piden reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, vigente desde hace 12 años y que opera con un reglamento creado hace 20 años.

La mejora al marco regulatorio puede evitar el colapso de las poblaciones de numerosas especies marinas de valor comercial y lograr un punto de equilibrio pues ya hay casos, como ocurre en el caso del pez mero de la Península de Yucatán en los que se ha registrado un colapso en el volumen de capturas, al descender de 12 mil toneladas de captura anual en 1980 a aproximadamente 3 mil toneladas capturadas en 2018, como señalaron diferentes expertos a Crónica.

Otras especies que sufren fuerte presión por grupos que exigen permisos para su captura, con argumentos sociales o económicos, pero que ya no admiten más esfuerzo pesquero son tiburón, pulpo y langosta. De hecho, en los últimos años no se han emitido nuevos permisos para pesca de tiburón, langosta y camarón.

Autoridades de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), la organización OCEANA y reportes del Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego (UCSD), concuerdan en la necesidad de mejorar el marco regulatorio mexicano para el manejo sostenible de la pesca en México y para facilitar que los pescadores artesanales abandonen la línea de pobreza.

En donde sí hay diferencias es en la opinión que se tiene sobre las herramientas para evaluar científicamente las poblaciones de especies marinas. El documento rector, que por Ley deben considerar las autoridades antes de dar permisos de captura es la Carta Nacional Pesquera. Sobre ella, OCEANA dice que es vieja y obsoleta, mientras que Inapesca opina que vigente, y resulta inadecuado renovarla cada año, pero sugiere reforzar su trabajo científico con la reforma de, al menos los artículos 32, 34 y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, aprobada en 2007. Por su parte, Conapesca reconoce que hay varios artículos de la Ley General que deben ser reformados y subraya que todavía están trabajando y tomando decisiones usando la Ley de hace 12 años y un reglamento aprobado en 1999.

A todo esto se añade un problema que es una sombra difícil de medir: la pesca ilegal, que ha devastado especies como la totoaba, el camarón rosado de Campeche y el pepino de mar.  Según estimaciones de OCEANA, en algunas especies, sería casi del 100 por ciento del volumen que se pesca legalmente.

REFORMA ROBUSTA. Con el título “Pescando a ciegas”, la organización OCEANA dio a conocer una evaluación o auditoría sobre el marco legal y fuentes de información con la que se otorgan permisos de pesca en México.  Ellos afirman que el 25 por ciento de las pesquerías del país cuenta con plan de manejo; que la falta de manejo provoca a México pérdidas económicas de mil millones de pesos anuales; que las autoridades responsables de la evaluación de especies y otorgamiento de permisos no se coordinan ni se hablan, y que hay un caos en información y datos.

En entrevista con Crónica, Esteban García Peña, director de la Campaña en Pesquerías de OCEANA afirma que, actualmente la Carta Nacional Pesquera es un instrumento desactualizado y obsoleto.

“El 96 por ciento de las fichas tiene información no corroborable, es decir, que se desconocen las fuentes de la información. Además, el 51 por ciento de las fichas tiene al menos seis años de haber sido actualizadas”, añade García Peña.

“Pensamos que el gobierno tiene una gran omisión, porque desde 2007 se aprobó la actual Ley General y no se hizo el reglamento correspondiente. Entonces, hay muchas decisiones que se toman interpretando la Ley como la autoridad en turno quiere. Además tiene que haber una reforma robusta que establezca la obligatoriedad del gobierno Federal de establecer estrategias o planes para restauración de pesquerías”, dice el representante de OCEANA.

DATOS DE CAMPO. El doctor Pablo Arenas Fuentes, director general de Inapesca, afirma a este periódico que la evaluación hecha por OCEANA es entusiasta, pero que difiere de sus conclusiones porque no puede ser considerada como una verdadera auditoría, puesto que carece de estudios realizados en campo por científicos como los que trabajan en sus 14 centros regionales y que además se apoyan en información de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y de otros estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El científico mexicano que encabeza Inapesca defiende la vigencia de los datos de la Carta Nacional Pesquera y niega que haya opacidad en sus datos.

“Todas y cada una de las fichas de la Carta Nacional Pesquera tienen sustento técnico. En nuestro sitio de internet tienen más de mil artículos científicos en los que están basadas. Éste es el instrumento de más larga duración de manejo de recursos pesqueros y es reconocido por la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés.

“Inapesca emite alrededor de  mil 660 opiniones anuales sobre vedas, restricciones espaciales y  uso de artes de pesca, entre otros temas, y hay que aclarar que es difícil actualizar esa carta cada año y a veces no es deseable ya que es el documento máximo, consensado con científicos, autoridades y pescadores”, indica Arenas.

Lo que sí es importante, dice el funcionario, es una reforma profunda a la Ley, principalmente a los artículos 32, 34 y 35 porque, entre otras cosas, permiten a la autoridad que otorga pedidos vetar algunas de las opiniones emitidas por el brazo científico del gobierno, el Inapesca.

“Cíclicamente hay presiones de grupos que piden más permisos con argumentos sociales o económicos, pero la carta precisa muy claramente cuáles especies ya se encuentran en su máximo rendimiento sostenible. Hay muchas pesquerías donde ya no hay posibilidad de crecer y no es posible que por presiones se quiera duplicar o triplicar el número de capturas. Hay algunas donde quizá se puede aumentar un 20 por ciento las capturas, pero esto sólo sería posible con una buena aplicación de las leyes vigentes”, dice Arenas Fuentes.

“La Carta Nacional Pesquera no está para satisfacer ideologías ni  presiones sociales ni económicas; está para generar información técnica y científica para asegurar la sustentabilidad de recursos pesqueros y nosotros pensamos que es inviable técnicamente hacer renovaciones anuales”, añade.

REGLAMENTO VIEJO. Desde Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentran las oficinas centrales de la Comisión Nacional de  Acuacultura y Pesca (Conapesca),  el director general de Ordenamiento Pesquero, César Julio Saucedo Barrón, explica telefónicamente a Crónica que esa institución debe tomar sus decisiones sobre otorgamiento de permisos basados en la información técnica-científica que les entrega Inapesca, pero reconoce que el marco regulatorio tiene deficiencias.

“Desde la propia Ley se requiere actualizar algunos artículos, en los cuales estamos en situaciones muy difíciles para tomar decisiones. El reglamento data del 1999 y prácticamente no se ha actualizado. Hay una propuesta de reglamento que no está autorizada y existen muchas lagunas de información de carácter normativo que a nosotros nos ayudarían a emitir resoluciones más expeditas y más justas para las decisiones que nosotros tomemos.

“Le voy a poner un ejemplo: qué ocurre cuando se presentan solicitudes para hacer reasignaciones o transferencias de permisos de pesca. Eso no lo permite la Ley pero tampoco está claro el manejo de estas solicitudes, entonces estamos con trámites de este tipo detenidos. Nosotros actuamos dentro de la Ley, pero requerimos actualización y aclaración de diferentes aspectos”, dice el funcionario público.

Saucedo Barrón afirma que sí existen muchos instrumentos técnicos para restaurar pesquerías y recuperarlas, pero que hay dificultad en la toma de decisiones por las deficiencias del marco normativo.

“Si me pregunta qué opino de las declaraciones de OCEANA. Sí creo que hay un grado de desorden en la pesca y ordenarlo nos va a costar, pero antes de entrar en el ordenamiento de las pesquería hay que retomar el marco normativo, la Ley de Pesca y hacer un reglamento moderno que nos permita actuar”, dice el director de Ordenamiento Pesquero.

PESCADORES POBRES. En marzo de 2019, el Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego, publicó en la revista científica Fish and Fisheries un cálculo sobre el bienestar económico de los pescadores artesanales que trabajan en las costas del Pacífico Mexicano y concluyó que se puede recuperar el volumen de pesca si se adoptan nuevas técnicas de captura, pero esto no será suficiente para que las familias de pescadores abandonen la línea de pobreza, ya que el número de embarcaciones artesanales ha aumentado de 18 mil a 25 mil, en la zona de Sinaloa, Sonora y Baja California. Esta competencia impediría que se puedan tener ingresos económicos suficientes, aunque se recuperen las poblaciones de peces de interés comercial.

El estudio, que encabezó el Instituto Scripps pero en el que colaboran varios científicos de la Universidad de la Columbia Británica, muestra que aún si la administración pesquera en México aplicara las prácticas pesqueras más eficientes y sustentables, la pesca no podría generar las ganancias suficientes para mantener a pescadores artesanales por encima de la línea de pobreza. El equipo encontró que dos tercios de las pesquerías artesanales en el Golfo de California presentan algún grado de sobreexplotación.

Aun si las pesquerías colapsadas se recuperaran, en áreas con un gran número de pescadores como Mazatlán y Guaymas, los pescadores no podrían ganar suficiente dinero para pagar alimentos, educación, servicios de salud y vestido durante todo el año. En el Golfo de California, hasta el 80 por ciento de los pescadores seguirían viviendo en condiciones de pobreza.

“Nuestros resultados demuestran que las pesquerías tienen una capacidad económica máxima. Si seguimos sin reconocerlo, se dañarán los esfuerzos para conservar los recursos marinos y no podremos garantizar la seguridad económica de las comunidades costeras,” explica el primer autor del estudio y estudiante de doctorado en Scripps, Alfredo Girón Nava.