La clave de un buen gobierno es la honestifdad.

Thomas Jefferson

En el ámbito jurídico existe una cifra incuantificable de conductas reguladas por el Derecho que o se permiten o se prohíben. El universo más amplio, y por mucho, está conformado por aquellos comportamientos humanos que son perfectamente lícitos, válidos, autorizados o permitidos. Enfrente tenemos otro continente de hechos que, aunque es menor comparativamente con el primero, es enorme y con un crecimiento que parece imparable. De este segundo bloque, atención particular merecen algunas conductas que por cuya afectación a los derechos o libertades de terceros o por su gravedad, pueden tener aparejadas consecuencias jurídicas igualmente severas. Así nacen los delitos y las faltas administrativas. Unos, los primeros, con consecuencias corporales como la pena de prisión y las segundas, con sanciones esencialmente ligadas al desempeño laboral en el servicio público.

A pesar de la noción más o menos generalizada de que se trata de actos distantes a nosotros, en realidad ocurren en la vida cotidiana y no son exclusivos de políticos o de servidores públicos con altos cargos. Tampoco debería caber la autocomplacencia creyendo que los actos de corrupción no tienen un impacto en nuestras vidas o la de familiares, amigos o conocidos.

¿Por qué debe interesarme la corrupción? Desde luego hay múltiples respuestas según el enfoque que quiera dársele. Por ahora, el mío va en este sentido. Porque este fenómeno causa estragos a gran escala en la vida no sólo de la ciudadanía, sino que puede ocasionarlos a una nación entera. Podría decirse que primigeniamente impacta la economía, pero sus consecuencias laterales amplifican su alcance a muchos aspectos más, incluso más importantes.

El informe sobre Corrupción y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona que por sí mismos, los actos de corrupción entrañan violaciones a derechos humanos; pero también las distintas manifestaciones de la corrupción pueden afectar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Veamos. Si se desvían recursos que estaban destinados al sector salud para la compra de equipo médico y medicinas, es probable que una parte de la población que requiera de esos servicios, no tenga acceso a ellos al haberse dispuesto indebidamente de los mismos. En este escenario el derecho humano a la salud se verá transgredido indirectamente por hechos de corrupción. Si en lugar de realizar una licitación pública se otorgan contratos millonarios a una empresa que ofrece condiciones menos favorables de oportunidad, calidad y precio, ello seguramente impactará en los gobernados. No es lo mismo, por ejemplo, que la vacuna llegue hoy a que llegue en un mes; o que con diez pesos se compren diez vacunas habiendo podido adquirir veinte, o que con diez pesos se compren diez vacunas que no sirven. Se violan derechos humanos si el familiar de un potentado servidor público recibe la vacuna en un periodo que no le corresponde de acuerdo al propio programa de vacunación emitido por la autoridad sanitaria. “Chicos” o grandes, comparte un lazo corrupto en común. En los planos micro o macro, la afectación existe.

En cualquiera de los anteriores supuestos, su consumación, reiteración y/o permanencia depende de la aplicación del Derecho, de normas que ya existen y que fueron concebidas específicamente para esos fines. Mala tarde para la justicia que el Derecho no viene con piloto automático.

En esta era en que gozamos de un fuerte blindaje jurídico e institucional, créame, lo único que falta para erigir un auténtico combate a la corrupción es voluntad, pero no sólo política, es decir, no sólo de la clase gobernante, sino particularmente de la ciudadanía. Una ciudadanía responsable que, desde luego, no cometa o participe de hechos de corrupción, pero, sobre todo necesitamos la renuncia a la ciudadanía pasmada, hastiada pero célebremente cómplice por omisión.

@capastranac