En fechas recientes, México Social, una organización civil mexicana, publicó el Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno. En su primera edición, este índice ofrece la posibilidad de medir algunos efectos de la corrupción en la percepción del desempeño del gobierno. Es importante enfatizar el asunto de la percepción, porque se trata de un índice que nos obliga a pensar la manera en que las personas comunes perciben la corrupción y sus efectos, a partir de dinámicas que no son las que dictan las leyes.

El índice, disponible en http://bit.ly/IMCCG2019, encontró que, a pesar de la naturaleza federal de la república, existen correlaciones muy robustas entre la percepción de corrupción de los gobiernos estatales y los municipales (0.92) y entre la percepción de corrupción del gobierno federal y los gobiernos municipales (0.87), a pesar de que la Constitución General y las particulares de todos los estados del país reconocen la autonomía de unos respecto de otros. Algo similar ocurre entre la percepción de corrupción de los jueces y magistrados y la de los fiscales o ministerios públicos (0.84), a pesar de que—según el constitucionalismo mexicano—se trata de funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo en el ámbito federal y de los estados. También ocurre respecto del Ministerio Público y los institutos electorales (0.8), que son, estos últimos, entidades autónomas de los tres poderes.

También se presentan correlaciones muy robustas entre la percepción de corrupción de los medios de comunicación y el ministerio público (0.79); de los empresarios y los diputados y senadores (0.79), entre los mismos empresarios y el gobierno federal (0.75), y entre las instituciones religiosas y los medios de comunicación (0.73).

Además de estas correlaciones, que algunos podrían considerar extralógicas o reflejo de ignorancia, hay otras que deberían servir para que los gobiernos determinaran sus prioridades. En el caso de la percepción de corrupción de los gobiernos municipales, por ejemplo, una de las correlaciones más robustas con la evaluación dada al estado tiene que ver con los parques y jardines (0.79). Esto implica que el estado de los parques y jardines de un municipio incide en la percepción de corrupción que se tiene de los gobiernos municipales. De igual modo, implica que si los presidentes municipales quieren que mejore la percepción que se tiene de sus gobiernos, una de las primeras cosas que deberían atender son espacios públicos como los parques y jardines de su demarcación.

El Índice elaborado por México Social ofrece también una serie de índices parciales por entidad para medir distintos aspectos de la corrupción. Estos índices parciales plantean, sin embargo, paradojas que hacen que la Ciudad de México tenga —en general— muy malas calificaciones en esos índices. Habría que preguntarse, sin embargo, si tiene sentido decir que efectivamente Hidalgo o Zacatecas tienen, por ejemplo, mejores servicios públicos, incluido el transporte público, que la Ciudad de México.

Lo importante, en todo caso, es reconocer que la corrupción es muy compleja y que las percepciones no siempre siguen la ruta del derecho constitucional. Se necesita una mirada más incisiva para comprender por qué las personas estiman que un gobierno es o no corrupto, para medir las consecuencias de esa percepción y para identificar qué otros factores, además de los que se reconocen en las leyes, inciden en esa percepción.

La semana pasada, por un lamentable error, en este espacio confundí a la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina, con doña Martha Bárcena, la recién nombrada embajadora de México en Estados Unidos. Lamento la confusión que ello haya generado en los lectores.

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