La corrupción como fenómeno global, inherente a la vida social, es tan antiguo como la historia de la civilización misma. En el caso de nuestro país es frecuente que se intente explicar desde una perspectiva histórica lineal que tiene su origen en la Colonia o desde una perspectiva moral, como un hecho perverso. Tales visiones no consideran otros aspectos esenciales para llevarnos a una mejor comprensión de este fenómeno tan complejo en el presente, como son el papel que juega en la economía como parte del proceso de acumulación de capital para las elites presentes o futuras, como mecanismo sistémico de adhesivo y cohesión de la clase política o como mecanismo de protección, que es un costo, de las clases subordinadas, léase el pueblo.

Asimismo, en el presente existe un pantano conceptual en el intrincado camino para definir la corrupción. Holmes (¿Qué es la corrupción?) plantea la problemática con amplitud, pues explica las diferentes acepciones dadas al término por distintas organizaciones internacionales (Transparencia Internacional, Banco Mundial y otras de estudiosos del tema). En general contempla dos ámbitos de la corrupción, el primero lo podríamos catalogar como corrupción en el ámbito público y segundo en el espacio privado.

Su reflexión conceptual culmina al reseñar la tipología desarrollada por el Banco mundial a partir del año 2000 que distingue entre la “corrupción administrativa” y “captura del Estado”. Ambas formas han sido catalogadas como “formas de una corrupción grande”. La captura del Estado ha sido definida cuando “empresas que definen y afectan la formulación de las reglas del juego a través de pagos privados a políticos y funcionarios públicos”. Como toda tipología es útil para analizar la realidad, pero como ocurre con regularidad la realidad la desborda.

Aunque el concepto de “captura del Estado” puede ser ampliado e incluir a otros actores, más allá de las empresas, como pueden ser las iglesias, la delincuencia organizada, grupos sociales o hasta los propios partidos políticos. Un segundo aspecto que se puede incluir es que las afectaciones de las reglas del juego no se den únicamente por algún pago, sino por la expectativa de recibir en el futuro la satisfacción por otro “favor” a cambio.

Lo anterior nos lleva a una ampliación de la definición del concepto “captura del Estado” como: “actores económicos, sociales o políticos que definen y afectan la formulación de las reglas del juego a través de pagos privados o algún otro tipo de beneficio a políticos y funcionarios públicos”. Esta reformulación nos permitirá más adelante definir el fenómeno de la corrupción en nuestro país.

En el México independiente la corrupción tuvo un carácter esencialmente de enriquecimiento personal, el ejemplo icónico fue, sin duda alguna, Antonio López de Santa Anna. Durante el Porfiriato se inicia un proceso de asociación entre los funcionarios públicos y empresas, aunque hay que decirlo, en el contexto de la época no se consideraba un acto indebido, en el sentido de ilegal, esa asociación. Lo cuestionable era el apropiarse de los recursos del erario, aunque en este tema existe un filón para la investigación histórica e intentar de desentrañar los mecanismos de apropiación de estos recursos.

En el México posrevolucionario se da una combinación de enriquecimiento personal como parte de un proceso de acumulación primitivo de capital, que no tenía mucha diferencia con la piratería y las patentes de corso, que se sustentaba en el simple robo del dinero público y, de la complicidad y/o asociación con empresarios. Los ejemplos icónicos son abundantes: Los hermano Ávila Camacho, Miguel Alemán, Aron Sáenz, Gustavo Díaz Ordaz, etc.

En esta etapa histórica, que llega hasta el fin del régimen autoritario, la corrupción gubernamental también jugó un papel de adhesivo del sistema. La lealtad al régimen era satisfecha con la libertad para medrar de las arcas públicas. La conocida como “baja corrupción”, la que se da en los niveles bajos de la burocracia, compensaba los bajos salarios de estos trabajadores. En consecuencia, la corrupción se convierte en un engrane funcional para la gobernabilidad y estabilidad políticas.

Bajo el antiguo régimen, ninguna esfera de la acción social escapaba a mecanismos de diferentes grados de control, desde los empresarios, las iglesias, las organizaciones sindicales y campesinas, llegando hasta lo que en el presente es la delincuencia organizada. El proceso de “captura del Estado” ha sido largo y ha tenido diversos actores. El incremento de la influencia empresarial en las decisiones públicas se fue incrementando paulatinamente, pero sin duda alguna es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid que se acentúa, afianzándose hasta el gobierno de Peña Nieto. Sólo pondré como ejemplo de esta captura, la “venta de garaje” de las empresas propiedad de la Nación durante el sexenio de Carlos Salinas y los privilegios fiscales de las grandes corporaciones hechos públicos recientemente.

En el caso de la delincuencia organizada, está documentada la añeja relación con autoridades políticas, policiacas y militares. Para refrescar la memoria mencionaré los casos de los exgobernadores de Sinaloa: Leopoldo Sánchez Celis (1962-1968) y Toledo Corro (1981-1986) y del Negro Durazo, “General de División”, sin ser militar (adjetivado entre los militares como El general plumazo), y jefe de la policía del Distrito Federal en el sexenio de José López Portillo y, de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Aunque es a partir de la alternancia en el gobierno federal en que pasa de tener un papel de asociada a una función autónoma en una ruta de un proceso paulatino, pero consistente de “captura del Estado”.

El primer eslabón en el proceso de la “captura del Estado” por parte de la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico, fueron las policías y autoridades municipales, continuaron con gobernadores y policías estatales y es larga la relación con autoridades de seguridad federales, pero al nivel que se vislumbra con la puesta a luz pública de la complicidad de algunos jueces del Poder Judicial de la Federación y la captura de Genaro García Luna en Estados Unidos, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y que sus acciones, según parece, alcanzan al de Peña Nieto, es de consecuencias impredecibles. Sobre todo, por el doble discurso gubernamental, que por un lado expresa el perdón con el pasado y por otro, al menos mediáticamente, se combate la corrupción.

A lo largo de décadas la corrupción, como ya comentamos, fue un adhesivo funcional al Sistema Político, pero el tiempo desgató esa función; igualmente la sociedad cambió y se hartó de esta situación. La irritación social por la corrupción fue uno de los factores que llevó a la alternancia, no sólo en el gobierno federal, sino en diversos estados y municipios. Está aflorando el nivel de “captura del Estado” por parte de las organizaciones delincuenciales.

Ni duda cabe, que las acciones reprobables del pasado de los adversarios políticos del gobierno morenista están contribuyendo a fortalecer su legitimidad. La respuesta gubernamental no debe sustentarse en un doble discurso, al implementar acciones aisladas y ganar la lucha contra la corrupción mediáticamente. Indudablemente ir a fondo es un reto de consecuencias políticas delicadas, pero se está ante la oportunidad de desmantelar redes de “corrupción grande” integrada por delincuentes, políticos y seguramente empresarios que se dedican al blanqueo de los recursos obtenidos ilegalmente. Proceder judicialmente para desmantelar estas redes modificará equilibrios políticos existentes que tienen su sustento en actividades delincuenciales. Se debe actuar con visión de Estado, la salud de la República reclama acciones contundentes.