La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.

Por este motivo, el presidente de la Coparmex, Armando Zúñiga, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el padrón de datos biométricos y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.

El organismo empresarial manifestó su preocupación de que el Registro de Usuarios aprobado este martes en el Senado de la República "repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro".

Argumentó que este proyecto viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.

Agregó que la creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.

Asimismo, consideró que limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población.

Expuso que incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.

También consideró que atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, por lo que representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones.

Señaló que viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.