"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Son apenas 61 palabras. No es tanto.

Sin embargo, el sentido y motivo de ese texto, cuya pronunciación resulta, junto con la imposición de la banda presidencial, en el momento más simbólico del unipersonal poder Ejecutivo en México, se convierte en la fuente de toda legitimidad presidencial.

La legitimidad no proviene de las urnas ni del número de votos logrados en una elección. La legitimidad surge y se sostiene del —y por— el cumplimiento de la ley.

El Presidente de la República lo es por la Constitución, pero también debe serlo para la Constitución y con ella.

Decir, cuatro meses después de asumir el cargo, es algo muy grave:

“…Estoy terminando de DICTAR y ya firmé el memorándum que dirijo a la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda para detener, dejar sin efecto, las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa…

“…Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución a las leyes para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares”.

Y más:

“…Yo hice un compromiso, que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo ese compromiso… pero para que no quede duda, para dejar las cosas en claro, consideré conveniente DICTAR, escribir este memorándum; o sea, nada de indefiniciones.

“…Estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta, desde el extranjero. Y no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, al contrario, perjudicó porque afectó la dignidad de maestras y de maestros.

“No se puede aplicar una verdadera reforma educativa sin los maestros, degradando a los maestros, difamando a los maestros…”

Exigir capacidad, es denostar. Cada quien su diccionario.

El Presidente tiene la fuerza política para hacer cualquier cambio legislativo, pero no la tiene para ordenar el incumplimiento de la ley. Ni de esta ni de cualquier otra.

En ese sentido resulta muy notable la palabra experta del exministro de la Corte José Ramón  Cosío, quien  ha dicho:

“Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”.

Jurídicamente, sí; pero, políticamente?

La decisión es tan severa como para anunciarla desde el despacho presidencial con escenográfica contundencia.

Otro especialista, Miguel Carbonell —por su parte— ha dicho:

“…Viola la Constitución el Presidente; no puede de manera selectiva decir qué parte de la Constitución se va a aplicar y qué parte no… Jurídicamente no le veo ningún fundamento. Hay que esperar, es temprano…

“…Es un documento que no cita una sola norma jurídica…Veo un documento que está entre lo jurídico y lo político, le reclama a administraciones anteriores…el Presidente viola la Ley, porque está invadiendo la cancha de otro Poder, que es el Legislativo. Lo veo muy endeble jurídicamente”.

Pero la debilidad jurídica de la Presidencia de la República se explica con la mera revisión del organigrama. Otro funcionario cuya  ineptitud queda bien  compensada con su fidelidad.

Y Sergio López Ayllón, director del CIDE, expresa con más hondura todavía:

“…Lo que no resulta admisible es que el titular del Ejecutivo instruya a la administración pública a dejar sin efecto normas vigentes. En efecto, el artículo 87 de la Constitución establece que, al tomar posesión de su encargo, el Presidente debe protestar ante el Congreso “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…

“…Su primera obligación, junto con todos los servidores públicos, es obedecer la Constitución y las leyes. Su cumplimiento no es opcional ni está sujeto a la apreciación que tengan sobre su contenido”.

A este reactor, quien carece de las luces jurídicas de los anteriores, sólo le llama la atención un verbo empleado por el Presidente:

“…Estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum…”

Firman los firmantes, dictan los dictadores.

Bueno, eso dice el diccionario.

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