La dictadura cubana no quiere que se vuelvan a repetir manifestaciones populares en su contra, como la inédita protesta que estalló a principios de julio, y para ello acaba de lanzar un ataque frontal contra el arma que lo puso en jaque, al menos durante unas horas: las redes sociales.
Este martes, el gobierno que preside Miguel Díaz-Canel anunció una nueva normativa de ciberseguridad del país que perseguirá la difusión de contenidos subversivos en la red.
La Resolución 105 considera de “alta peligrosidad” la difusión de "contenidos que inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público", así como la divulgación de noticias falsas.
Asimismo, considera acciones de "ciberterrorismo" aquellas que puedan "subvertir el orden constitucional", desestabilizar el funcionamiento de "las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado", u "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
También considera como "fraude" de nivel de peligrosidad "muy alto" toda "acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado", algo que muchos internautas interpretan como una estrategia para criminalizar las críticas.
La nueva normativa llega en un momento de fuerte disenso social en Cuba, donde el pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
Las redes sociales fueron un elemento clave a la hora de extender las protestas a diversas localidades del país, por lo que el gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet durante aproximadamente una semana.
Ley Mordaza
"Lo que más me preocupa es el uso de la soberanía, la defensa nacional o la seguridad por parte del Ministerio del Interior para restringir la libertad de expresión", indicó la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de la ONG jurídica Cubalex.
Diversent cree que la nueva normativa es una "ley mordaza" con la que el gobierno podría imponer multas o perseguir judicialmente a quienes expresen críticas a cualquier gestión del ejecutivo, el Partido Comunista (PCC, único legal) o el presidente, Miguel Díaz-Canel.
El anuncio levantó críticas de internautas y organizaciones, pese a que, a partir de ahora, corren peligro de ser detenidos por lo que escriban.
"Nos han prohibido comer carne, bañarnos en zonas de nuestra playa, vender nuestra propia casa o carro, reunirnos, expresarnos. Ahora usar las redes sociales para denunciar la ineptitud del gobierno será penal", protestó una mujer cubana en Twitter, donde ha comenzado a circular el hashtag #NoAlDecretoLey35.
Otros usuarios han reaccionado con sarcasmo: "¿Dónde pongo la denuncia a los medios de prensa oficiales? Por lo de noticias falsas y eso, digo", publicó la youtuber cubana Dina Stars, conocida por su arresto durante una conexión en directo con una cadena televisiva española poco después de las protestas.
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