A mediados del pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la restauración del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que permitirá reabrir para muchos jóvenes la posibilidad de seguir sus sueños y frenar, al menos temporalmente, los temores de una amenazante política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

Más allá de la discusión sobre si el presidente estadounidense no siguió los procedimientos de Ley para cancelar el programa, y por lo que los jueces de la Corte la consideraron como una acción caprichosa y arbitraria, la determinación representa un alivio momentáneo y un triunfo en la defensa de los derechos humanos de quienes estudian y trabajan gracias a este esquema de protección jurídica, que desde su inició generó beneficios tripartitas: los jóvenes, en su mayoría mexicanos, obtuvieron certeza de no ser deportados y continuar con sus proyectos de vida; el gobierno de Estados Unidos atendía así una problemática de grandes implicaciones políticas, sociales y económicas, y el gobierno de México, podría concentrar esfuerzos y recursos para atender otras prioridades y situaciones de su vida nacional interna.

En 2012, el ahora expresidente Barack Obama, mediante esta acción ejecutiva presidencial llamada DACA, implementó un mecanismo para que los jóvenes dreamers (personas que fueron llevadas a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños) no fueran deportados y poder obtener un permiso temporal para estudiar y trabajar, sin embargo, este programa no solucionó de manera definitiva el problema de estos jóvenes, estando sujeto, en cualquier momento, a ser revocado por decisión presidencial, tal como sucedió el 5 de septiembre de 2017, cuando el presidente Trump anunció que daba por terminado el DACA.

A partir de ese momento, más de 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos a los siete años, en promedio, y que crecieron pensando que pasarían el resto de su vida en ese país para cumplir sus sueños y expectativas, enfrentaron la crudeza de vivir sin documentos y perder la oportunidad de beneficiarse con este programa, lo que a muchos les abrió el camino para la Educación Superior, los programas de capacitación laboral y trabajos mejor remunerados.

Después de conocer la finalización de DACA, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un comunicado, exaltaba las contribuciones económicas y culturales de los jóvenes migrantes a Estados Unidos y prometía que México recibiría “con los brazos abiertos” a los jóvenes dreamers que regresarían al país.

La situación implicó una serie de iniciativas para aminorar, por un lado, el impacto de la rescisión del DACA en la comunidad mexicana en Estados Unidos y, por otro, recibirlos en territorio nacional y garantizar oportunidades a todos los deportados. De esta manera se destinaron importantes recursos humanos y financieros para otorgar a los dreamers acceso a información oportuna mediante talleres informativos, asesorías personalizadas de abogados migratorios, trámites de pasaportes y apoyo económico, en caso de que su situación financiera lo ameritara. Además, se fortalecieron acciones a fin de ofrecerles el mayor apoyo, aprovechar sus talentos y capacidades e integrarlos plenamente a la sociedad y economía nacional, creándose para ellos: bolsa especial de trabajo en México a través de los consulados; programa Crédito Joven para dreamers en Estados Unidos y México; oferta de becas en México y otros países; acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata, y afiliación al Seguro Popular.

Al paso del tiempo sobre la decisión de Estados Unidos de cancelar el DACA, sería importante conocer las cifras oficiales de los dreamers deportados, cuántos se beneficiaron con las acciones de apoyo arriba referidas, cuál es su ocupación actualmente, dónde residen y cómo se reintegraron a la vida laboral y educativa nacional.

Hasta el momento parece muy complicado tener la respuesta a estos datos, no obstante, nada dificulta pensar que muchos de ellos se han incorporado al sistema educativo a pesar de las complicaciones para revalidar sus estudios; del conocimiento limitado del idioma, y de la restringida oferta educativa, principalmente en los niveles de Educación Media Superior y Superior. Otros de estos jóvenes, sin duda, han encontrado opciones de trabajo, ocupándose en los call centers como uno de los principales nichos laborales y puntos de encuentro para socialización, y, algunos más, han practicado su espíritu emprendedor, o han encontrado cobijo con sus pares y familiares. Todo ello en medio de circunstancias difíciles que los hacen vulnerables para experimentar sentimientos de depresión y ansiedad, o ante el reclutamiento de la delincuencia organizada.

Sin duda, la experiencia de la deportación, la separación familiar, el comenzar de nuevo en una situación de miedo y angustia, y ante un futuro incierto, hace que los jóvenes se sientan doblemente expulsados para volver a luchar por la reconstrucción de su vida bajo un afectado estado emocional, con sentimientos de pérdida, confusión e incertidumbre entre dos países: uno que conocieron y aman, pero los rechaza, y otro en el que tienen la nacionalidad, pero sin un sentimiento de pertenencia.

En Estados Unidos la deportación es uno de los miedos que persiguen con más fuerza a los migrantes y sus familias; en México, es la falta de oportunidades escolares y laborales, así como los distintos tipos de violencia a las que se enfrentan los retornados y que corresponden a la situación social del país. No obstante, tanto para los que regresan voluntariamente a nuestro país, como para los deportados, vivir en México les proporciona la calma necesaria para encontrar nuevas estrategias y oportunidades para su desarrollo sin el temor de ser perseguido.

Es innegable que quienes buscan los beneficios del DACA se convierten en una moneda de cambio que coarta su paz y estabilidad emocional. Habrá que trabajar en la diplomacia educativa para dar efectiva a quienes viven en esta situación de riesgo.

Twitter: @UlisesLaraCDMX