La Justicia brasileña condenó este miércoles, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

La magistrada federal Gabriela Hardt consideró en su sentencia en primera instancia que Lula disfrutó de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, que está a nombre de Fernando Bittar, un empresario amigo de la familia de Lula.

Según Hardt, las reformas, que costaron unos 271 mil dólares, las pagaron las empresas Odebrecht, OAS y Schain a cambio de la adjudicación de contratos en la petrolera estatal brasileña, Petrobras.

“Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo éste más usado por la familia de Lula”, subrayó la jueza en su sentencia.

La defensa del exmandatario apelará la condena, que es la segunda dictada en su contra en menos de dos años.

La primera la dictó en julio de 2017 el juez Sérgio Moro, quien asumió en enero la cartera de secretario de Justicia del gobierno ultraderechista Jair Bolsonaro. La pena, ratificada en enero de 2018 en segunda instancia, impuso a Lula una pena de 12 años y un mes de cárcel.

En total, Lula enfrenta ocho causas penales, todas ellas relacionadas con la supuesta implicación del exmandatario progresista en casos de corrupción.

SENTENCIA “ABSURDA". Minutos después de conocer el fallo, los abogados de Lula anunciaron que recorrerán en instancias superiores la sentencia, la que calificaron como “absurda" y consideraron que “refuerza el uso perverso de las leyes y procedimientos jurídicos" para “fines de persecución política".