La pregunta: ¿Qué tipo de democracia existe en México?, nos lleva a otra: ¿Cuál democracia necesitamos? La respuesta a estas interrogantes es relevante en función del actual contexto caracterizado por el declive de nuestra democracia mayoritaria y con ella de los partidos políticos tradicionales, el debilitamiento del Estado, la continua exclusión de los ciudadanos de la toma de decisiones, la disfuncionalidad estructural de nuestras instituciones, la creciente opacidad y falta de transparencia, así como la manipulación de los electores, la persistencia de las oligarquías y del gobierno de las minorías. Los escenarios de posible alternancia en el poder en 2018 hacen necesario imaginar una nueva forma de democracia.
Cuando se afirma que un régimen es democrático es porque existe competencia, oposición y participación política, además de garantías jurídicas para la libre expresión del sufragio y el respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Representa un sistema de procesamiento de conflictos que posee características que lo distinguen de otros ordenamientos políticos por la existencia de grupos organizados que promueven sus intereses, con un acceso garantizado a las instituciones políticas. La democracia requiere procedimientos y reglas establecidas a priori, explícitas y que solo pueden ser modificadas de común acuerdo.
Los problemas inician cuando se pierden las mayorías. En la democracia nadie triunfa de forma definitiva porque cada participante, individual o colectivo, puede optar entre distintas alternativas. Los resultados se relacionan con las combinaciones de estrategias que persiguen los actores y cada grupo puede optar por caminos que producen distintas consecuencias. Por ello, los resultados del proceso democrático además de indeterminados son inciertos. Todos los grupos deben someter sus intereses a la incertidumbre y es precisamente este acto de pérdida de la capacidad del control de los resultados de los conflictos, lo que constituye un paso decisivo hacia la democratización.
No hay un conjunto único de instituciones que por sí mismas definan a la democracia, ni siquiera algunas tan destacadas como el voto mayoritario, la representación territorial, la soberanía legislativa o la elección del gobierno por el voto popular. Lo que sí la identifica es el tránsito paulatino desde la democracia política a la democracia social y económica. Social en cuanto representa un proceso de conversión en ciudadanos de distintos sectores de la población antes excluidos -o indiferentes- respecto de los procesos políticos, y económica, porque otorga primacía a las políticas públicas para generar iguales beneficios a la población. La democracia institucionaliza una “incertidumbre normal”, pero al mismo tiempo, asegura una “certidumbre normal” sobre otras piezas del tablero político. En este contexto, actualmente el problema más inquietante se refiere a la naturaleza y la calidad de la autoridad democrática.
De producirse la alternancia en el poder, los nuevos liderazgos deberán postular una necesaria correspondencia entre los actos de gobierno y las necesidades de los ciudadanos considerados políticamente iguales. Así se daría vida a una forma de democracia consensual, abierta a la cooperación y al acuerdo como respuesta a la creciente frustración antisistema. Se trataría de una institucionalización política que también permite cambios en el orden socioeconómico. Una democracia consensual sustentada en un gobierno de coalición representaría un nuevo régimen político para nuestras sociedades pluralistas.
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