En esta columna, la semana pasada cuestioné quién debe tener el control final sobre quienes pueden participar en las redes sociales, y cuáles son los temas que se admiten en las mismas. Estos días, el tema sigue siendo relevante, ahora por la polémica acerca de la suspensión de algunas cuentas tuiteras mexicanas.

Redes y democracia. Nunca tan vigente la discusión.

El asunto no es menor, con este maldito bicho que nos mantiene lo más posible dentro de nuestras casas, cada vez más a merced de lo que quieren presentar los medios tradicionales.

Y ahí es donde las redes parecían tener la virtud de ser, auténticamente, una plaza pública en la que todas las voces (o una gran mayoría) podían participar. Así, la suspensión o bloqueo de cuentas, implica reducir la discusión.

Iré por partes: las redes tienen como característica su absoluta descentralización, esto es, cualquier persona con acceso a Internet puede abrir una cuenta y presentarnos, además de sus fotos de lo que come o de las mascotas que le acompañan, las ideas que tenga sobre los asuntos públicos. Esta característica permitió que la discusión se abriera a niveles insospechados, en cuanto al volumen y las ideas.

Desde luego lo anterior presenta varios aspectos a considerar: primero, las características propias de cada red, que permiten o no una mayor interacción con el gran público o solo con las personas que admitimos expresamente. Segundo, no hay una absoluta certeza de quién está detrás de un nombre de cuenta; cuarto, la proliferación de bots y trolls que se usan para distorsionar el diálogo, o para generar tendencias de manera artificial, conforme a quien les paga.

Y, no podemos olvidar, el Internet no es la vida real. Aún.

Para fines electorales, quienes realizan las estrategias de promoción conocen a fondo la naturaleza de cada red, la forma de interactuar en ellas de manera más redituable, la red o servicio de mensajería que más se utiliza en un país o en una entidad, o por rangos de edad. No tengas dudas de que usarán ese conocimiento.

Por otra parte, las autoridades electorales han puesto límites a lo que puede decirse en redes. Se valen muchas cosas, se vale un discurso fuerte, pero hay límites, como los mensajes que contengan violencia política en razón del género, o que perpetúen estereotipos.

Así, la selva aparente de las redes contiene una lucha constante entre quienes las usan para informarse y divertirse, aquellas personas que las utilizan para ganar simpatías, y quienes deben vigilar que los comportamientos se mantengan dentro de ciertos parámetros.

Las propias administradoras de las redes, empresas que tienen por objetivo principal y legítimo la ganancia monetaria, cuentan también con reglas, métodos y procedimientos para moderar el discurso que se produce en ellas.

La democracia nació hablando, antes del voto se manifiesta en el acto de discutir los asuntos públicos, a veces para llegar a un acuerdo, en ocasiones para no coincidir. Y es un diálogo en el que la ciudadanía tiene el derecho de participar, porque tiene que ver con el gobierno común; así que debemos ver con sospecha cualquier exclusión del diálogo público.

De lo anterior, puedo afirmar que esa nueva plaza pública que son las redes sociales es el espacio de la democracia actual que permite una mayor interacción entre quienes buscan un cargo público, aquellas personas que quieren expresar sus opiniones, y quienes rastrean información para decidir su voto.

Excluir una voz o un tema de la discusión es alterar el diálogo democrático.

Claro, no cualquier voz debe ser permitida. No todas las posturas son válidas, pero ¿quién debe tomar la decisión última sobre esto? ¿qué procedimiento se debe seguir?

Si tu postura es asumir que son las dueñas de las redes quienes pueden expulsar o suspender, sin ulterior revisión, entonces estás aceptando que el diálogo democrático sea controlado por empresas privadas con fines mercantiles.

En lo personal, me parece inquietante esta aceptación. Las dueñas de las redes buscan aumentar el tráfico en las mismas y la interacción con los anunciantes, a fin de obtener un mayor ingreso, y si bien pueden tener buenas prácticas, códigos de ética, normas del servicio, paneles de solución de controversias, etc., estarán sujetas al fin último: la ganancia económica.

Y la democracia puede buscar muchas cosas, desde la felicidad humana hasta la paz mundial, pero no tiene fines monetarios.

Si bien puedo aceptar que, en principio, haya una automoderación de las redes, en un procedimiento que incluya desde la denuncia de quién detecta un contenido inadecuado hasta la suspensión, pasando por el estudio de los mensajes o perfiles presuntamente incorrectos; me parece que al final debe haber un control estatal.

Esto no es algo extraño. Seguramente recuerdas que, en México, hay reglas sobre la discusión democrática en otros medios distintos al Internet; por ejemplo, que no se puede comprar tiempo en radio y televisión para promocionar un partido o candidatura; también que hay sanciones para quienes hagan publicidad electoral fuera de los tiempos adecuados o incluyendo sin permiso a menores de edad.

Así, admitir una intervención estatal como la última palabra en la expulsión de redes, es pedir que un órgano que no tiene fin lucrativo, y que está sujeto al escrutinio público y debe dar razones públicas de su actuar, nos diga porqué un mensaje o una persona debe ser excluida de lo que, en principio, debe ser un foro para todas las voces.