México se cuenta entre los 183 ­países que —entre las 193 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)—, han ratificado (el Senado en el caso de México, con lo cual, por artículo 133 Constitucional, deviene obligatorio) el Acuerdo de París. Éste, como todo el mundo sabe, compromete a realizar todos los esfuerzos posibles para evitar que la temperatura superficial promedio global de nuestro planeta se eleve más allá de +2º centígrados (y, si posible, mantiene la aspiración de evitar +1.5º centígrados).

Los conocimientos científicos sobre el cambio climático informan que para evitar estos +2ºC, hacia el horizonte de fines de siglo XXI, solamente podemos emitir 1.1 billones de toneladas de CO2 entre 2001 y 2050 (Meinshausen, M. et al 2009; Clarke, L. et al 2014). Sabiendo que las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero (GEI) actualmente son de alrededor de 50 mil millones de toneladas y que la cifra se incrementa año tras año, si mantenemos los patrones dominantes de producción y consumo que implican la quema intensiva de combustibles fósiles, hacia 2050 habremos acumulado poco más de 1.6 billones de toneladas y sobrepasado ampliamente este límite (McGlade, C. & Elkins, P. 2015).

La ruta que México se trazó para cumplir con los Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC, por sus siglas en inglés) y que presentó ante la CMNUCC en cumplimiento del Acuerdo de París, indican que nuestras emisiones de GEI en 2030, en vez de las poco más de 970 millones de toneladas (previstas en el escenario tendencial) deberán limitarse a alrededor de 760 millones de toneladas (22% menos). Y en la parte ­correspondiente a combustibles fósiles la reducción prevista es 118 en vez de 137 millones de toneladas (14% menos) para ese año.

Sin embargo, el gobierno 2012-2018 modificó la estrategia previa hacia «energías renovables» (fuentes renovables de energía: solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, minihidráulica) por «energías limpias», lo que le permitía mantener el gas natural como principal fuente energética alternativa para producir electricidad (buen negocio para unos cuantos) y así, supuestamente, «cumplir» con los compromisos derivados del Acuerdo de París (aunque el metano, CH4, también es un combustible fósil —a menos que provenga de la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, o industriales de la producción alimentaria).

Y ahora ¿qué decisiones toma el actual gobierno federal mexicano? Incrementar el uso de combustibles fósiles e ¡intensificar el uso del carbón! para generar electricidad. Abandona así la perspectiva de continuar utilizando hidrocarburos solamente durante la transición hacia fuentes renovables de energía y los adopta como soporte estratégico fundamental del crecimiento económico. En este contexto, además, se da el lujo de destruir 300 hectáreas de selva mediana y manglares, en Dos Bocas, Tabasco, para construir una nueva refinería petrolera. Resulta comprensible, y necesario, utilizar la capacidad instalada para refinar petróleo, a fin de disminuir el gasto por importación de gasolinas durante la transición energética, pero, ampliar la capacidad de refinación requiere estudios nacionales de prospectiva estratégica para decidir qué caminos convienen más a México para transitar a una economía cada vez más baja en carbono.

En este contexto, resulta ejemplar la reciente decisión de las Islas Lofoten, Noruega, que decidieron no explotar el equivalente de alrededor de 3 mil millones de barriles de petróleo que yacen en su subsuelo. Apostar por asegurarse un medio ambiente sano y un mejor futuro les significa renunciar a alrededor de 65 mil millones de dólares (valor actual de estas reservas). Sabia decisión que debieran adoptar todos los líderes del mundo. Desafortunadamente, no parece ser el caso en México.

Si la comunidad internacional no detiene

—antes de 2030— el uso intensivo de combustibles fósiles como fuente principal de energía, quemar todas las reservas mundiales disponibles equivaldrá a emitir alrededor de 3.3 billones de toneladas de CO2, el triple del límite para evitar los +2ºC. Es decir, si no dejamos bajo tierra la mayor parte de ellos, el horizonte climático de fines del siglo XXI no será de +2ºC, sino de al menos +3.5 grados centígrados, lo cual nos regresará a las condiciones climáticas de la era de los dinosaurios y nos colocará en peligro de extinción civilizatoria.

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Director Ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

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