Las tres mayores distribuidoras de medicamentos de Estados Unidos y la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) aceptaron este miércoles pagar unos 26 mil millones de dólares en compensaciones por su culpa en la crisis de los opioides en el país.
Las tres distribuidores, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen, se comprometen a pagar 21 mil millones de dólares durante un plazo de 18 años, mientras que J&J pagará 5 mil millones como máximo en 9 años.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció el histórico acuerdo, que evitará a las cuatro empresas ir a juicios, impulsados por numerosos estados de EU, acusados de fomentar y lucrarse con la crisis.
La laxitud con que estas empresas recetaron y distribuyeron poderosos fármacos opiáceos para tratar dolores crónicos contribuyó a enganchar a millones de personas en todo Estados Unidos a la droga. Muchas de estas personas, cuando dejaron de recetarles los medicamentos o ya no podían pagarlos, terminaron cayendo en comprar directamente heroína en el mercado negro.
Las demandas interpuestas por Nueva York y otros estados buscaron no solo hacer rendir cuentas a estas empresas, sino también obligarlas a pagar por el daño causado y poder, de esta manera, aportar fondos para apoyar a las comunidades más afectadas por la adicción y las sobredosis. Algo que ahora será posible con este pago de 26 mil millones de dólares.
"Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no sólo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy, estamos haciendo responsables a estas empresas e inyectando decenas de miles de millones de dólares en comunidades de todo el país", señaló en un comunicado la fiscal James.
Respecto a estos pagos, Nueva York recibirá más de mil millones de dólares solo por parte de las tres distribuidoras y, a cambio, retirará las tres demandas que había presentado contra las mismas. Johnson & Johnson, por su parte, ya no estaba bajo juicio en el estado porque hace unas semanas acordó pagar 230 millones de dólares para evitar ir a juicio y además se comprometió a abandonar el negocio de la fabricación de opiáceos.
La magnitud de la crisis de opiáceos en EU ha sido tan grande que este acuerdo solo frena la demanda contra estas cuatro empresas, además de que otras varias empresas ya alcanzaron acuerdos similares con gobiernos estatales y el federal en los últimos años. Sin embargo, otras muchas seguirán enfrentando acciones legales para exigirles rendir cuentas por el daño que han causado.
En esta crisis de drogas, de heroína, en definitiva, en Estados Unidos si hay un principal responsable, si alguien acumula la mayor parte de culpa es Purdue Pharma, cuyo opiáceo estrella, el famoso OxyContin, se distribuyó de forma masiva en el país durante las últimas dos décadas.
Imagen de archivo de frascos de OxyContin, el tristemente famoso analgésico opiáceo de Purdue Pharma con oxicodona (Bloomberg News).
Ante la lluvia de más de 2 mil demandas en su contra, la familia propietaria de la farmacéutica, los Sackler, declararon a Purdue Pharma en bancarrota en septiembre de 2019 y cedieron el control de la empresa a una nueva sociedad para que se ocupara de pagar los casi 15 mil millones de dólares que aceptó pagar como compensaciones para evitar ir a juicio.
Los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos dan cuenta de la magnitud del drama de los opiáceos, o sea, de la heroína, en el país. En 1999, cuando se considera que comenzó la epidemia de sobredosis por uso de heroína y otros opiáceos, hubo en todo EU 8 mil 50 muertes.
Los datos fueron aumentando año con año, y una década después, las muertes ya rebasaban las 20 mil. Solo de 2015 a 2016, los fallecimientos por sobredosis de opiáceos aumentaron de 33 mil 91 a 42 mil 249, según datos oficiales de los gubernamentales Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Gran parte de este aumento se debió a la expansión en el país del uso del fentanilo, un opiáceo sintético que, a diferencia de la también sintética metadona, usada comúnmente en los procesos de cura de la adicción, tiene una potencia extrema.
Incluso con el comienzo de las batallas legales, la tendencia se ha mantenido al alza. En diciembre de 2020, los CDC alertaban de que la pandemia de COVID-19 no solo no frenaba las sobredosis sino que incluso las estaba acelerando aún más, algo que se confirmó la semana pasada cuando el organismo publicó sus datos preliminares de muertes por sobredosis en 2020.
De nuevo, el aumento fue terrorífico: Si en 2019 hubo 49 mil 860 muertes por sobredosis de opiáceos, en 2020 brincaron hasta 69 mil 710, en un aumento del 39.8 por ciento. Con esto, el total de fallecidos por sobredosis de heroína, metadona y fármacos opiáceos controlados en EU entre 1999 y 2020 son 565 mil 602 personas.
Y por ahora no se divisa el final de esta epidemia, puesto que no la están logrando las ofensivas legales ni tampoco las limitadas acciones de los gobiernos. Fue Barack Obama (2009-2017) el primer mandatario que dio la voz de alarma sobre el drama. Sin embargo, la reacción de su gobierno, limitar la prescripción de los opioides medicinales, empeoró la situación, pues los pacientes que ya no podían conseguir el medicamento se lanzaron al mercado negro para comprar heroína.
Una encuesta de 2017 del departamento de salud del estado de Utah encontró que el 80 por ciento de adictos a la heroína del estado comenzó con medicinas de prescripción como el OxyContin.
Barack Obama habla durante una convención sobre la crisis de opiáceos en EU, el 29 de marzo de 2016, durante su último año como presidente de EU (EFE / EPA).
En su último año de mandato, Obama trató de actuar ahora con más contundencia ante la crisis, con medicas más creativas, como aumentar la disponibilidad de naxolona, el antídoto que usan los bomberos y servicios de salud para combatir las sobredosis de opiáceos, o facilitar a los doctores prescribir medicamentos para tratar las adicciones, como la metadona.
Sin embargo, todas estas medidas fueron claramente insuficientes, y en sus últimas semanas de mandato, en diciembre de 2016, Obama logró aprobar una partida de mil millones de dólares en el Congreso para combatir la epidemia. En los primeros meses de su mandato, Donald Trump declaró la crisis una “emergencia nacional” y presentó un plan a través del departamento de Sanidad: Se buscaba mejorar el acceso a la prevención y al tratamiento, facilitar todavía más la distribución de medicamentos anti-sobredosis, mejorar y ampliar la recolección de datos para analizar mejor la epidemia, dar más fondos a la investigación de las adicciones y a nuevos medicamentos para tratar el dolor para no depender de los analgésicos opiáceos.
Pero todas estas iniciativas con buenas intenciones y enfoques múltiples para resolver la crisis fracasaron también, en buena medida porque el gobierno de Trump fue incapaz de convertir la “emergencia nacional” en programas dotados de los fondos suficientes para actuar. Ante esta situación, el fentanilo continuó su expansión en EU y la crisis empeoró aún más.
En su programa de campaña, el demócrata Joe Biden, actual presidente de EU, prometía combatir la crisis ampliando el acceso a servicios de salud –en la línea de expandir el Obamacare—, a tratamiento y a terapias psicológicas y psiquiátricas, todo ello, a través de un plan prometido de 125 mil millones de dólares que por ahora, ni está ni se le espera en el Congreso.
Biden también reiteró el plan de Obama de frenar la abusiva prescripción de estos medicamentos y el de Trump de mejorar el acceso a analgésicos no opiáceos. Además, prometió “haces responsables a las compañías farmacéuticas” algo que, si bien es importante, no soluciona el drama que se vive en las calles de muchos barrios, sobre todo blancos y de clase media.
Esa misma encuesta de Utah indicaba que un tercio de las personas en ese estado conoce a alguien enganchado a la heroína u otros opiáceos, y tanto el problema como su posible solución van a requerir mucho más que promesas y demandas judiciales.
Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .