Representantes de países como Francia e Italia presentaron una demanda ante tribunales federales por la presunta comisión de delitos como despojo y fraude del que son víctimas sus connacionales, principalmente en la zona norte de Quintana Roo.

El presidente de la Comisión de Comercio y Turismo México-Italia, Giovanni Campolongo Cutolo, dijo que les han quitado casas, departamentos, edificios y terrenos a particulares, lo que genera incertidumbre sobre la tenencia de la tierra y afecta futuras inversiones turísticas y comerciales.

Agregó que si bien el problema es de índole local, tiene que resolverse pronto bajo un proceso transparente que garantice la certidumbre de la posesión de la tierra en Quintana Roo o de lo contrario inversionistas extranjeros podrían optar por retirarse o no invertir en la entidad.

Sostuvo que la falta de certeza sobre la tenencia de la tierra es una cosa indigna y más por las formas, pero ahora todos estamos pendientes de los resultados que den los tribunales. Cada país presentó papeles, pruebas sobre esas acciones, confiamos que será una buena condena que va afectar muchísimo la opinión mundial que se tiene sobre el país.

La falta de certidumbre de la tierra, dijo, no ayuda a traer más inversión, ni en el tema inmobiliario, ni en turismo, aunque existe el interés de inversionistas italianos por venir a México y a Quintana Roo a establecer tanto  negocios familiares como de cadenas internacionales.

“Las visitas del presidente mexicano Peña Nieto a Italia, y luego nuestras autoridades de economía, finanzas y turismo estuvieran aquí, tampoco es casualidad que se vayan a poner nueve cónsules honorarios en México, cuya función es checar la situación económica en busca de ser puentes de nuevas inversiones”, destacó Campolongo Cutolo.

Luciano Consoli, empresario hotelero en Mahahual, informó que los inversionistas italianos que han llegado a la Costa Maya no han tenido problemas de tenencia de la tierra, sin embargo, tienen conocimiento claro de los casos que se han vivido, por ejemplo en Tulum donde funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local arrebataron tierras a hoteleros, sin identificarse, ni mostrar una orden escrita.