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Personal de la Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México desarticuló una red de cibercriminales integrada por presos que se dedicaban al hackeo financiero, extorsión y fraude cibernético, desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito.
De acuerdo con la corporación, la Subsecretaría de Control Penitenciario detectó indicios de su operación mediante trabajos de inteligencia, y determinó que los internos involucrados coordinaban una estructura criminal que incluía la participación de diversas redes de apoyo desde el exterior del penal.
Aseveró que los sujetos trabajaban a través de tres niveles de apoyo, indicó que el primero se conforma con hackers fuera del penal, los cuales eran encargados de infiltrar virus en las redes de gobierno y empresas para alterar la contabilidad y justificar pagos inexistentes.
Para el segundo nivel se posicionaban ocho internos, señalados como hackers líderes de sección, algunos identificados como exintegrantes de la principal organización delictiva del país dedicada el ciber robo de instituciones financieras.
Ellos eran coordinados por Héctor N. conocido como el "H", quien cumple una condena en la cárcel de Santiaguito desde mayo de 2019 y de quien se presume es el hacker primario.
El tercer nivel estaba integrado por personas en libertad aún no identificadas, las cuales eran las responsables de ofertar el pago de los productos financieros y servicios a bajo costo, a través de perfiles apócrifos en redes sociales y quienes al parecer efectúan los depósitos a los intermediarios.
Luego de la detección, los elementos de la SS pudieron prevenir afectaciones a distintas instituciones financieras públicas y privadas, cuyos sistemas informáticos pretendían ser vulnerados por dicha estructura criminal.
Se identificó que los presos habían ingresado a distintos teléfonos celulares, desde los cuales habilitaron múltiples perfiles en redes sociales para establecer comunicación con su red y así coordinar operaciones de infiltración informática y de lavado de dinero.
A los ocho probables responsables les decomisaron siete móviles, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ampliar las indagatorias y se puedan identificar a los cómplices.
Mientras, las cuentas en las redes sociales, mediante las que operaban, fueron desactivadas y se elevó el nivel de custodia para evitar nuevos incidentes.
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