El Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala decidió este viernes condenar al exministro de Interior del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y a otras 17 personas por estar implicadas en la sustracción de fondos de la Policía Nacional Civil.

En el marco de la causa conocida como "Caso Patrullas, fase 2", la judicatura entendió que había suficientes pruebas para declarar a las 18 personas culpables de diferentes delitos, como el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión, además de una multa de unos 9.000 dólares, por los delitos de fraude y peculado por uso.

Por este caso, el 18 de febrero del presente año el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal emitió condenas entre 6 y 26 años de prisión contra 12 personas, entre ellas el exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de exjefes, exasesores y particulares.

Todos estaban acusados de integrar una estructura criminal que defraudó el presupuesto de la institución policial.

Esta organización, según el fallo, operó dentro de la Policía para desviar los fondos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios, particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas); contratación de obras y servicios para estaciones policiales o la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de 12 millones de quetzales (1,5 millones de dólares), adjudicado de forma fraudulenta.

Las investigaciones determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014, los exfuncionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos.

Esta es la segunda condena contra el exministro López Bonilla, quien en septiembre del año pasado fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por un caso de fraude en la administración pública, por el arrendamiento de 47 vehículos blindados entre 2014 y 2015.

Según la investigación de este caso, López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar, por medio de resoluciones ministeriales, los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios de las diversas dependencias de esa cartera.

López Bonilla -quien fuera mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, también en prisión preventiva por otros casos de corrupción- está acusado en los procesos La Cooperacha o Caja de Pandora y cuenta con una solicitud de extradición de Estados Unidos en su contra por presunta vinculación con el narcotráfico.

havh