En la tribuna de la Cámara de Diputados, el decano legislador Pablo Gómez, de Morena, advirtió: “Ya no le vamos a subir el sueldo al Presidente de la República más que lo indique la inflación, nada más, porque la mayoría (legislativa) defenderá la facultad constitucional histórica que tiene la Cámara de Diputados para fijar las remuneraciones de los servidores públicos federales, y de ahí no nos vamos a mover, ¿eh? Se aplica el deflactor, ésa es la variación”.

Y con esa sentencia, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada reformas para establecer que los burócratas de alto nivel no podrán tener una percepción económica —como parte de su salario— mayor a la del Presidente de la República.

Los artículos reformados son el 116 y el 127 constitucionales, que fueron votados por Morena y sus aliados del PT y PES.

Tras la discusión en lo general, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas, aunque sólo se admitieron las del panista José Elías Lixa Abimerhi para el segundo transitorio, con lo que se indica: “Las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto”. A lo que se le agregó: “Siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo (del año pasado), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 155/2018 y su acumulada 108/2018.

La Corte ordenó al Congreso de la Unión precisar un tabulador para establecer el salario del Presidente de la República, con lo que se fije el tope salarial para todos los servidores públicos, entre ellos los integrantes de los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los municipios, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales, que deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus servidores públicos”, de acuerdo con la reforma al artículo 116 constitucional aprobada ayer.

En tanto, en el artículo 127, primer párrafo, se incluyó a las personas de derecho público y a los órganos autónomos, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el ­desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, como se establece actualmente para los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales  de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos e instituciones.

También se aprobó ayer la creación de un organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, para que éste emita una “opinión fundada” a la Cámara de Diputados.

El dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución en materia de remuneración de servidores públicos pasó al Senado para sus efectos constitucionales.