En las ocho columnas de un periódico de circulación nacional se destacó la declaración de Claus Von Wobeser, Presidente de la Cámara de Comercio Internacional, en la que instó a las autoridades y empresas a que buscaran una negociación ante la nueva Ley de la Industria Eléctrica que resultaría más barata y efectiva si se le comparara con los enfrentamientos en los tribunales (El Economista, 11-03-21).

Por supuesto el abogado mexicano se refirió a la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la reforma legal y a los conflictos que, seguramente, perderá el gobierno en los próximos años, que afectarán profundamente las finanzas públicas y deteriorarán la confianza de los inversionistas extranjeros. Nada dice de las consecuencias negativas en tarifas para los usuarios, ni de los efectos negativos en el proceso de sustitución de las fuentes de energía sucias por limpias.

El especialista en arbitraje -experto negociador- bajo la premisa de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, tal vez con el ánimo de ofrecer sus servicios profesionales y la promesa de la titular de la Secretaría de Economía que hay apertura al diálogo para quienes se allanen a las pretensiones del gobierno de la autollamada 4T, convoca al agache como estrategia frente a la arbitrariedad desbordada y prepotente.

Los capitales de la industria pueden llegar a un arreglo, bajo el esquema que en su momento defendió Bartlett como senador de la oposición, y convalidar la política de contratos otorgados a discreción del poder a los empresarios sumisos al régimen. La certidumbre jurídica pasa a un segundo plano, ya que es un engorro la espera que implica que los jueces decidan, y los usuarios y un modelo adecuado de generación de distribución de energía eléctrica dejan de importar, incluso, son un estorbo.

Las compañías, que se acojan al agache institucionalizado, podrán participar de las ganancias de la “recuperación” de la soberanía energética que es aquella dirigida por el gobierno, su empresa y el sindicato de ésta, al más puro estilo del autoritarismo mexicano de los años setenta-ochenta. En este retorno al pasado, los contratos y prebendas se negociarán directamente en Palacio Nacional a cambio de apoyos políticos o silencios convenientes. Fuera supremacía constitucional, transparencia, gobierno corporativo, competencia económica, servicio público orientado al usuario y otros estorbos “neoliberales”.

La foto de Claus Von Wobeser que acompaña a la nota periodística es una auténtica burla. ¿De que se estará riendo? ¿De lo tardada que es la justicia mexicana? ¿De que los platos rotos los pagarán el próximo gobierno, los usuarios y los contribuyentes? o ¿es el reflejo de la felicidad financiera que produce el agache institucionalizado negociado con la participación de despachos de abogados como el suyo?

La estrategia de desactivar el conflicto con los empresarios a través de invitarlos a que regresen al redil del corporativismo autoritario ha sido una constante. Está presente en la cancelación del NAICM, donde las empresas titulares de los contratos fueron indemnizadas o compensadas con contratos asignados para el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Mario Maldonado (El Universal, 11-03-21) describe cómo el Presidente decide en su escritorio a quién y a qué precio se adjudican las obras en los proyectos de infraestructura prioritarios. Los afectados son las empresas subcontratistas que tuvieron que asumir sus pérdidas, el erario público que absorberá los costos que van de 100 mil (SHCP) a 300 mil millones de pesos (ASF) y los ciudadanos que sólo ven obras abandonadas a medio construir adornando el paisaje.

En este agache institucionalizado los promotores están a la vista. El abogado gana sus honorarios y el gobierno acumula sumisión política, con un empresariado sometido a su voluntad y dispuesto a no cuestionar las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional, condicionada a que fluyan los contratos y se diluyan las pérdidas transformadas milagrosamente en ganancias. En síntesis, la nueva familia revolucionaria, ahora llamada de la 4T, se abraza para recordar los viejos tiempos en que la hora nacional la marcaba el Presidente, imponía los candidatos a los gobiernos de los estados y repartía las prebendas.

En la sombra queda la Secretaría de la Función Pública que no quiere enterarse de lo que está pasando y prefiere gritar en Palacio Nacional que es un honor estar con López Obrador y calificarlo del Presidente más feminista de la historia de México. Todo es parte del sketch del agache institucionalizado, que en la política como en el dominó siempre acaba mal.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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