Lo que leerá no es un guión fílmico sino cruda realidad. Al atardecer del 5 de abril, cinco sujetos fuertemente armados llegaron a la boca de la mina Mulatos en el municipio de Sahuaripa, Sonora, propiedad de la empresa Alamos Gold. Trabajadores fueron obligados a transportar decenas de barras de aleación de oro y plata a la avioneta Cessna 206 sin matrícula, que aterrizaba al mismo tiempo en el lugar y con la cual los delincuentes se perdieron en la sierra. Todo, en menos de 8 minutos.

Días antes, en la madrugada del 26 de marzo, otro comando, más nutrido y con el rostro cubierto allanó el centro de operación de la empresa minera Penmont, subsidiaria de Frenillo Pic, en Caborca, también Sonora, de donde se llevaron centenares de lingotes y pepitas de oro, metal puro y aleaciones que estaban guardadas en bodegas, pues el lugar estaba sin operación debido a la pandemia.

En las últimas semanas la acción de la delincuencia organizada en zonas mineras ha sido preocupante, pues a ello se suman las amenazas de grupos delictivos de destruir instalaciones de la empresa canadiense Torex Gold, en Cocula, Guerrero, y el constante robo de barras de doré en yacimientos, cada vez con mayor facilidad y despliegue de equipo.

Apenas eso ha hecho rectificar a Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública federal. La molestia, indignación y exigencia del más influyente sector del empresariado sonorense, el de la industria extractiva, ha hecho recular al funcionario federal de su plan basado en una Guardia Nacional ineficiente y en la estrategia de abrazos, no balazos, del presidente López Obrador .

O se detienen los asaltos que claramente ostentan una fuerza delictiva nunca antes vista por el tipo de armamento, el conocimiento de las zonas serranas, el largo desplazamiento sin ser vistos y hasta la movilización de avionetas y helicópteros, o no habrá apoyo de ningún tipo para su aspiración de gobernar el Estado de Sonora si llega a ser candidato morenista en el 2021.

Así que en una Mesa Nacional de Seguridad en la Minería, en la que estuvieron presentes los secretarios de Economía, Graciela Márquez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, con el fin de definir una estrategia conjunta, Durazo decidió nombrar a un asesor en materia de seguridad minera.

Varios quedaron boquiabiertos, primero porque la prioridad debería ser la cifra de homicidios que está por alcanzar en el primer semestre de este 2020 los mismos números que en otros sexenios se registraban en todo un año, sin que puedan frenarla de manera contundente Alfonso Durazo, y dos, por el controvertido perfil del experto en minas procedente del mundo marino.

Se trata de quien fuera Secretario de Marina con Vicente Fox, Marco Antonio Peyrot, altamente cuestionado por haber alcanzado la titularidad con el grado de vicealmirante, lo que se resolvió en una sola noche en la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia en noviembre del 2000 y cuyo rastro se recuerda por haber negado la promoción y ascenso de personal, particularmente de almirantes, durante su gestión.

Llama la atención que la designación del “asesor en minería” pagado por el erario con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública y que incluirá a los estados de Sonora y Zacatecas únicamente, fue consultado y autorizado por funcionarios de la presidencia y la cancillería, según confirmaron a esta columna.

Narraciones de la reunión confirman que quien llevó la voz cantante fue el almirante retirado Peyrot quien fue solicitado por las propias empresas mineras como encargado de la seguridad dada la estrecha relación de éste con las firmas estadunidenses, justo una de las características del paso por la Semar, su comunicación directa con el pentágono.

Habría que estar atento de la nueva asesoría en la zona para evitar los grados de violencia, asesinatos, extorsión, desplazamiento de poblaciones, asaltos a minería y otros, pues ni siquiera la autorización de acceso del FBI a la región de Bavispe, donde fueron asesinados los miembros de la familia Lebaron, ni el establecimiento de una docena de puestos de revisión y guarniciones de la Secretaría de la Defensa Nacional han evitado el continuo paso de cárteles y el asentamiento de la violencia.

¿Será a un marino y no a un soldado, la condición de trabajo conjunto y entrega de información de inteligencia de los Estados Unidos?

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