Si miras mucho tiempo dentro del abismo,
el abismo también mira dentro de ti.
F. Nietzche

Desde la reforma a nuestra Constitución Política Federal por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (en el sexenio de EPN), AMLO expresó su descontento por este nuevo “Instituto” al que calificó como mecanismo de mera simulación, asegurando que la corrupción se erradicaría cuando hubiese un verdadero cambio de régimen.

Ahora, en lo que va de su administración, el presidente ha insistido en que el SNA no es más que un aparato burocrático y costoso; un instituto que solamente fue creado para acomodar como funcionarios a integrantes de la llamada “sociedad civil” (dicho si no despectivamente sí por lo menos con aire de incredulidad).

Lamentablemente, sus asesores no han informado al presidente que el SNA no es un instituto más, sino la articulación de piezas para que los organismos ya existentes en combate de la corrupción actúen coordinadamente y, por lo tanto, sean eficaces. Que se prevenga la corrupción, que se sancione a los corruptos y, en suma, que los actos de corrupción sean cada vez menos.

Como vamos, el desmantelamiento del SNA parece cosa de tiempo. Tenemos una Secretaría de la Función Pública que poco a poco ha ido absorbiendo sus funciones, duplicó, por ejemplo, atribuciones con la figura de ciudadanos alertadores cuya fiabilidad está comprometida; instauró un Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción, conformado por instancias como la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, cuyo objetivo es proponer políticas públicas desde la perspectiva ciudadana, a pesar de que esa era una atribución ya concebida y asignada al Comité Coordinador del SNA que ejecutaba justo a través del CPC.

Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, publicado el mes pasado, México se encuentra estancado en esta asignatura, manteniendo una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Una de las razones de este estancamiento es la falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo. ¿Y cómo van a funcionar si antes siquiera de instaurarlas plenamente ya las estamos desmantelando?

Una de las bondades de los organismos autónomos como la FGR es la insumisión. No trabajar para satisfacer intereses de nadie, permite desarrollar una labor imparcial y objetiva. No por encargo. Aunque el SNA no califica como organismo autónomo porque como ya dijimos es solo un gran mecanismo de coordinación en el que intervienen múltiples instancias, con supervisión permanente de unos sobre otros, existe un sano balance que naturalmente se desvanece en una claramente subordinada SFP.

Si le damos el beneficio de la duda al gobierno y, en efecto, pretende combatir la corrupción, entonces debemos concluir que ese combate es selectivo. Ellos eligen qué investigan, cuándo investigan, cómo investigan, a quién investigan, deciden si sancionar o no y con qué severidad.

Quizás lo más importante para consolidar esos propósitos de “justicia” selectiva, es que deben ser ellos y sólo ellos quienes tengan esta facultad para dar luz verde. Así como estamos, con un aunque incipiente pero robusto sistema, descentralizado, con control difuso no es cómodo operar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2019 la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó por lo menos un acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. En comparación con las encuestas de 2013, 2015 y 2017, esta es la cifra más alta.

Con o sin SNA, comparto plenamente la lógica de nuestro presidente: la corrupción cesará cuando el cambio verdadero llegue.

@capastranac

* Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM