El lunes de esta semana, 9 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó un comunicado en el que señaló que personal militar o integrantes de la Guardia Nacional actuarán en legítima defensa cuando sean objeto de agresión:

“Ante la ocurrencia de un delito y en los casos que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad.” Y es que, en lo que va de 2019, se han reportado once agresiones a elementos militares y policiales.

La gota que derramó el vaso fue lo sucedido un día antes, 8 de septiembre, en el poblado de Apango, en Acajete, Puebla, donde se localizó una bodega en la que había vehículos y mercancía presuntamente robada. Ante la actitud belicosa de los habitantes “el comandante de las tropas invitó a los agresores para que desistieran de su actitud, manteniendo en todo momento el control de los elementos castrenses.” Tras ver que los pobladores continuaban con su actitud violenta “el personal militar efectuó disparos al aire como una medida disuasiva, para proteger la vida e integridad física del personal, logrando dispersar a los agresores”, detalló la Sedena.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla puntualizó que “personas identificadas y presuntamente vinculadas con actividades criminales” azuzaron a los pobladores para agredir al personal de la Sedena y obligarlos a liberar la bodega.” (sinembargo, 10/IX/2019).

Con base en la disposición emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de “no utilizar la fuerza para reprimir al pueblo”, los cuerpos de seguridad quedaron maniatados. Esta decisión absurda dio pie, por ejemplo, a que el 7 de septiembre tres militares fueran golpeados en San Juan del Río, Querétaro, al tratar de evitar que alrededor de 50 personas saquearan la carga de un tren.

Valgan dos ejemplos más: el 4 de septiembre, militares que resguardaban los accesos a Palacio Nacional fueron golpeados con palos por manifestantes. El 26 de agosto en el municipio de Los Reyes, Michoacán, los lugareños golpearon con palos y tubos a soldados, quienes detuvieron a un supuesto informante de un grupo criminal.

Tenemos un problema grave: en México hemos pasado del exceso de poder al defecto de poder; es decir, en un extremo, se abusó de la fuerza pública para, en efecto, reprimir a los movimientos sociales como ocurrió en 1968; pero luego, nos fuimos al extremo opuesto, es decir, a no aplicar la fuerza pública y permitir que cundiera el desorden.

En el primer caso aparece la tiranía, en el segundo cunde la anarquía.

La ley se viola por dos causas: por extralimitación o por omisión. En medio se encuentra el orden público garantizado por el imperio de la norma jurídica. Eso implica, como decía Max Weber, que haya un Estado en cuanto “monopolio de la violencia física legítima.”

Nadie puede recurrir a la fuerza justificada más que los cuerpos oficiales. Y eso, cuerpos oficiales como el Ejército, la Marina, las policías y la Guardia Nacional tienen la obligación de aplicar la ley y, al mismo tiempo, tienen como límite la ley. Se equivoca López Obrador en su apreciación de lo que es el Estado y de lo que es la norma.

En primer lugar, el tabasqueño debería saber (porque tiene el título de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública) que la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Para cumplir ese cometido están las instituciones públicas encargadas del ramo. En segundo lugar (cosa que también nos enseñaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM) la ley sin la fuerza que la respalde es letra muerta.

La orden que el Jefe del Ejecutivo dio a los cuerpos de seguridad en el sentido de “no responder aunque fueran agredidos” es una violación a la ley porque él no tiene la facultad de hacer callar al ordenamiento jurídico. Cuando hay un delito, éste debe ser perseguido de oficio, sobre todo si se altera la paz social, se obstruyen vías de comunicación, se agrede a uniformados o se encubre al crimen organizado.

No se trata de esgrimir la legítima defensa por parte del Ejército y la Guardia Nacional para responder a las agresiones de las turbas incitadas por delincuentes; no es una disputa entre particulares; se trata de que se haga justicia.

Ciertamente, en la memoria colectiva queda el recuerdo del ’68 cuando al Ejército se le ordenó reprimir al movimiento estudiantil. Hecho que terminó trágicamente en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Movimiento en el que, por cierto, no participó AMLO, y luego se inscribió en el entonces pestífero PRI.

El punto fundamental es que el hoy Presidente de la República tiene que respetar el decoro y el honor de los militares; no mandarlos a que sean blanco de vejaciones. Da gusto que el general secretario Luis Cresencio Sandoval González haya puesto un “hasta aquí.”

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