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El gobierno actuará contra funcionarios y jueces involucrados en el caso Ayotzinapa

El objetivo es llegar a los más altos niveles de mando, aseguró Alejandro Encinas

El gobierno actuará contra funcionarios y jueces involucrados en el caso Ayotzinapa | La Crónica de Hoy

La llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa “se construyó con base en simulación, fabricación de pruebas, tortura y acciones en beneficio de perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, al detallar la reciente liberación de Gildardo López Astudillo El Gil, jefe de Guerreros Unidos en la plaza de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

El juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, le dictó una sentencia absolutoria. “Tendrá una gran interpretación de la ley, pero no podrá explicar este acto de injusticia con las víctimas”, le reprochó el funcionario.

De los 162 consignados en torno al asunto, la entonces PGR pudo detener a 142; de ellos, han sido liberados 53 y otros 50 ya se alistan para salir de prisión, respaldados en el criterio judicial usado en beneficio de El Gil.

El gobierno federal, adelantó, presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura en busca de sancionar a los funcionarios, ministerios públicos, jueces y magistrados involucrados en la farsa. El objetivo, aseguró el subsecretario, es llegar a los más altos niveles de mando.

—¿El fincamiento de responsabilidades alcanzará a Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR? —se le preguntó.

—En el momento que se acrediten, no solamente las violaciones al debido proceso, sino la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica, alcanzará a todos los responsables del dictamen.

La absolución a favor de López Astudillo ocurrió el pasado 30 de agosto. El juez Ventura Ramos desechó los elementos para acreditarle delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas sobre el delito de secuestro, limitándose a analizar sólo 162 de los 791 tomos de la averiguación. A la par, validó prácticas de tortura, pese a las conclusiones divergentes del examen psicológico conocido como Protocolo de Estambul.

“Es la sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Sentará precedente para sentencias absolutorias a los demás implicados”.

Ambas instancias, dijo, “han generado un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad” en el caso.

Tras estas anomalías, exhortó a la actual Fiscalía General a reencauzar la indagatoria y subsanar omisiones, de manera diligente. Y a no olvidar el procedimiento en contra de Tomás Cerón, responsable directo de la investigación y quien, pese a su burda labor, se amparó para seguir contando con los servicios de escolta y protección, a costa del erario público.

 

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