El exdirector del IMSS, Germán Martínez, en su estilo oratorio peculiar y con el dedo flamígero, acuso al empresariado mexicano de recurrir a prácticas de evasión fiscal como la subdeclaración del salario que efectivamente reciben los trabajadores o la omisión de darlos de alta y pagarles por honorarios u otros esquemas para reducir u omitir el pago de cuotas obrero-patronales.

El 17 de abril de 2019, declaró: “Estimo que en México se han hecho fortunas de manera indebida, injusta e inhumana con el esfuerzo de muchos trabajadores… Es una cadena de privilegios, de huachicoleo de cuotas obrero-patronales y eso se debe acabar…” (SinEmbargo, 17/04/19)

Esta práctica tiene dos efectos: la afectación de los derechos de los trabajadores y la práctica desleal en favor de los evasores, quienes tienen menos costo en la producción de bienes y servicios. Ésa es una de las ventajas que tiene la economía informal respecto a la formal.

Los trabajadores no inscritos al IMSS o inscritos con un menor salario son afectados en sus derechos pensionarios en dos sentidos: no acumulan semanas de cotización para cumplir los requisitos para obtener una pensión y, por lo tanto, pueden quedarse sin ella a pesar de haber trabajado más de 25 años o que su monto se reduzca en forma significativa en caso de que se proceda a reclamarla por cualquiera de los supuestos que establece la Ley del Seguro Social.

Una práctica lesiva para los trabajadores es el outsourcing que consiste en que una empresa paga el salario en un monto bajo —alrededor de tres salarios mínimos— y el resto de la compensación pactada lo cubre otra empresa como bono de actuación por honorarios. De esta manera, el trabajador y su familia obtiene la atención médica, que es la misma sin importar el monto de la cuota obrero-patronal, y su ingreso neto es mayor porque las retenciones de impuestos y aportaciones de seguridad social son menores.

Los propineros —como los meseros y los despachadores en las gasolinerías—son los más afectados por este esquema, pero lo prefieren porque el monto de las propinas lo reciben libre de contribuciones y la mayoría no piensa en el futuro.

En pocas palabras, la vinculación del financiamiento de la seguridad social al salario incentiva la subdeclaración y la omisión de registrar a los trabajadores. Esto conduce a la pregunta: ¿la solución es aumentar las cuotas obrero-patronales?

La posición del gobierno es endeble en el tema. Primero, porque tiene personal contratado por honorarios por el que no cubre las cuotas obrero-patronales en las áreas de fiscalización y jurídicas del IMSS y el SAT. En casa del herrero, azadón de palo.

Además, el esquema de contribución por los trabajadores al servicio del Estado se asemeja al outsourcing que llevan a cabo los particulares. La percepción de los servidores públicos se divide en, por lo menos, dos conceptos: sueldo básico (la cantidad menor) y compensación garantizada (la mayor) y sólo sobre el primero se pagan las aportaciones de seguridad social.

Lo que Germán Martínez señalaba como inmoral e inaceptable para los patrones que cotizan al IMSS es la práctica legal en el ISSSTE. Por lo tanto, cuando el servidor público llega a la edad de jubilación su pensión no representa, en promedio, ni el 30% de lo que recibía como trabajador en activo.

La reforma a la seguridad social debe ser radical. La atención médica y las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez deben ser universales financiadas con recursos fiscales y debe mantenerse las afores sólo para aportaciones voluntarias del trabajador o las contractuales a cargo del patrón.

Mientras no se aborde el problema pensionario en una forma totalmente distinta al aumento de las contribuciones al salario se continuará dándole ventajas comparativas a las empresas evasoras respecto a las cumplidas, el incentivo a evadir será alto y el terrorismo fiscal será selectivo e inútil para elevar en forma sostenida la recaudación.

Hay que romper el molde que se forjó hace 80 años y ser creativos. La amenaza a las empresas es contraproducente, aún más cuando los patrones saben el gobierno contrata por honorarios y no es perseguido de la misma forma. Esto es un asunto que no es nuevo, ojalá que no tengamos que esperar seis años más ni este gobierno imite a los anteriores y aplace la solución de fondo. Vale.

Carlos Matute González

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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