Pablo Xavier Becerra Chávez*

El 30 de enero, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió lanzas contra el Instituto Nacional Electoral (INE). En respuesta a un planteamiento del consejero Ciro Murayama acerca de la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, AMLO dijo que ese consejero y otros “intelectuales orgánicos” del conservadurismo deben pedir disculpas por no haberlo apoyado en 2006 frente al “fraude electoral”.

Además agregó: “Están muy molestos los del INE, están desquiciados, durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso porque ya no se va a tolerar el fraude, va a haber democracia…”

Ante estos planteamientos, es necesario hacer por lo menos tres aclaraciones. En primer lugar, llama la atención que el Presidente apoye hasta la exageración a Manuel Bartlett, operador del fraude electoral de 1988, denunciado por toda la oposición en ese año. A Bartlett no le ha pedido que se disculpe, ¿por qué? ¿AMLO considera que en 1988 no hubo fraude? Está en todo su derecho a creerlo, pero no está de más recordar que ese fraude fue el agravio fundacional del PRD, partido que contribuyó a construir y del cual fue presidente nacional.

En segundo lugar, en 2006 solamente AMLO y los partidos que lo postularon denunciaron el supuesto fraude electoral, pero el resto de la oposición no. Desde entonces ha reprochado a todos los que no lo apoyaron en su denuncia. Personalmente no creo que haya habido fraude en 2006 y lo he sustentado con investigaciones que publiqué en su momento. La organización de esa elección le correspondió al entonces Instituto Federal Electoral, mismo que organizó las elecciones anteriores desde 1990, incluyendo la que condujo a la alternancia en la Presidencia en el año 2000, y que desapareció en 2014.

Así, llegamos a la tercera aclaración. El INE apenas existe desde abril de 2014, si bien tiene sus antecedentes políticos y organizativos en el IFE. El INE tiene líneas de continuidad con el IFE pero aspectos enteramente novedosos. La reforma de 2014 colocó al INE al frente de un sistema electoral nacional integrado por 32 OPLE, responsable de organizar las elecciones federales y las locales. Al INE le ha correspondido organizar las elecciones federales de 2015 y 2018, así como coorganizar las elecciones locales de 2015 a 2019, en las cuales se ha producido el ascenso vertiginoso del partido de López Obrador, Morena.

¿Cómo es posible que esa institución durante mucho tiempo se hizo «de la vista gorda» ante los «fraudes electorales», si precisamente en los años que el INE ha organizado elecciones el partido del Presidente ha logrado los avances que lo llevaron al triunfo? Su acusación de que los consejeros del INE están enojados porque «ahora sí se acabará el fraude electoral» simplemente no tiene base alguna. El fraude electoral se acabó hace tiempo. ¿O acaso AMLO cree que en 2018 su triunfo se debió al fraude electoral?

Un planteamiento parecido hizo el presidente López Obrador cuando el INE aprobó una multa a Morena por el manejo de un fideicomiso en apoyo a los damnificados del temblor de 2017. En aquella ocasión colocó a los consejeros del INE en el campo de sus adversarios, los conservadores. Finalmente, la multa fue anulada por el Tribunal Electoral, pero permaneció la animadversión presidencial contra el INE, exacerbada de vez en cuando por el señalamiento de los altos sueldos que perciben los altos funcionarios de esa institución.

Lamentablemente, el contexto en el que se debe realizar la renovación de cuatro consejeros/as del INE se enturbia cada día más. El más reciente episodio es un breve mensaje en Twitter de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, criticando fuertemente la decisión del Consejo General de reelegir al actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, tomada el 6 del presente. La decisión se tomó por la mayoría calificada que exige la ley (ocho votos a favor contra tres en contra), pero la funcionaria del gabinete presidencial acusó directamente al consejero presidente, Lorenzo Córdova, de imponer esa decisión.

Sin lugar a dudas, se trató de una decisión muy cuestionable. No hay razones para adelantar la reelección del Secretario Ejecutivo. Debieron esperar hasta abril que se cumplen sus seis años. Hay que recordar que el artículo 50 de la LGIPE establece que el Secretario Ejecutivo dura en el cargo seis años y puede ser reelecto una sola vez, pero en sentido estricto aún no los cumple (antes fue Secretario Ejecutivo del IFE, pero eso ya no cuenta en el actual INE). Esta decisión se adelanta dos meses al momento en que se debía realizar. ¿Por qué es importante? Porque el 4 de abril entran al CG cuatro consejeros nuevos y da la impresión de que adelantan la decisión porque dudan que puedan mantener la mayoría calificada que requiere el nombramiento (artículo 41 constitucional).

El punto, sin embargo, es que la Secretaria de la Función Pública no tiene por qué intervenir en este asunto, y menos ponerse del lado de uno de los consejeros que votaron en contra, a quien convierte en el único que representa a “todos los mexicanos”. Esta decisión puede ser impugnada por los miembros del Consejo General, en cuyo caso será el Tribunal Electoral el que resuelva en definitiva la cuestión.

Esperemos que las aguas se calmen en estas semanas previas al nombramiento de los/as cuatro consejeros/as que deben tomar posesión del cargo el 4 abril. Se antoja difícil, pero no es imposible.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana