En las últimas semanas han arreciado los ataques y las presiones sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y de modo particular sobre el presidente de su Consejo, Lorenzo Córdova.

A ello se suma la insistencia de reducir el financiamiento público de los partidos, en 50 por ciento, lo que dejaría a la oposición en la lona por tiempo indefinido.

Esto ocurre, además, en la antesala del nombramiento, que hará la Cámara de Diputados, de cuatro consejeros electorales (de 11) y de lo que implicará, por necesidad, un nuevo arreglo en la propia institución.

Morena y sus aliados tienen la fuerza suficiente para hacer las designaciones sin tomar en cuenta a la sociedad y a los grupos opositores y es posible que así lo hagan, aunque esto represente un error y un riesgo para el futuro.

El INE tiene que contar con la legitimidad suficiente para hacer su trabajo. Así lo hizo, y bastante bien, en las elecciones de 2018, las más grandes de la historia por la cantidad de cargos en disputa.

El proceso electoral se desarrolló sin problemas mayores y existieron pocas impugnaciones sobre el trabajo mismo de la autoridad administrativa. Los pleitos ante el Tribunal Electoral se redujeron, en parte porque los partidos no tuvieron contiendas internas, pero sobre todo porque la operación y desarrollo de los comicios trascurrió sin contratiempos.

El 1 de julio significó uno de los momentos claves de la historia de nuestra democracia, porque los perdedores de la contienda lo reconocieron, inclusive antes de que la autoridad hiciera públicos los resultados.

Es una diferencia enorme con otros momentos, y en particular con 2006, porque siempre tuvimos a fuerzas políticas, y sobre todo las que constituyeron a Morena, bastante reacias a reconocer los sufragios adversos.

Parece sencillo, pero todo ello implicó un arduo trabajo de las autoridades electorales a la largo de décadas y por eso hay que proteger al INE.

Es curioso, pocos servidores públicos son tan ajenos al antiguo régimen como Lorenzo Córdova, quien proviene de una formación intelectual de izquierda y de una biografía que lo respalda.

Córdova, junto con Ciro Murayama, escribieron sobre el Pemexgate y los amigos de Fox, asuntos que conocieron porque trabajaban como asesores de José Woldenberg, dejando claro lo que hizo el entonces IFE por sancionar la utilización ilegal de recursos en la campaña del 2000.

Pero quizá lo que ocurre, es que el ánimo “justiciero” que ahora impregna la vida pública, se prefiera la restauración de las viejas prácticas del partido dominante, por no aceptar que ya contamos con instrumentos eficaces y realmente democráticos.

En el fondo hay una disputa por la narrativa sobre nuestra llegada a la democracia, aunque todo indique que está no inició el 2 de julio del año pasado, sino que se fue construyendo con el empeño de generaciones enteras y con el compromiso de los políticos para lograrlo. El fantasma del 2006 sigue presente y no deja de ser bastante pernicioso.

Por desgracia estamos más cerca de una regresión en materia electoral, que de una profundización y mejora de nuestra democracia que, imperfecta, tiene el mérito, nada menor, de haber permitido tres alternancias presidenciales en cuatro elecciones.

Es justo ahí, donde se puede apreciar lo que se ha conseguido y donde se destierran las patrañas sobre la supuesta parcialidad en las decisiones.

No es poco lo que se encuentra en disputa y por ello conviene recordar que una de las premisas fundamentales de la democracia consiste en la estructuración de reglas aceptadas por todos y de árbitros que las garanticen.

Twitter: @jandradej