"Dos cuestiones deben quedar claras: un memorándum es un documento interno del gobierno y es un recurso político para impulsar la abrogación de la mal llamada reforma educativa. No violenta el orden constitucional". Lo entrecomillo no porque sea una cita textual, sino porque es el mensaje que transmite el Presidente López Obrador, la expresión más extrema de su forma de gobernar.

Las reacciones fueron inmediatas. Los juristas reconocidos, primero, se preguntaron por la injerencia del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en la elaboración del memorándum y concluyeron que fue nula o, en el mejor de los casos, desestimadas por una racionalidad política y después a dilucidar como argumentar su posición respecto a este acto político-constitucional.

Los opositores al régimen inmediatamente destacaron lo evidente: la falta de fundamentación y motivación, el desapego al proceso legislativo, la violación al principio de división de poderes, la fragilidad técnica, la insustancialidad jurídica, la invalidez absoluta y una serie de conclusiones correctas dentro de un análisis formal de la legalidad y del derecho constitucional neoliberal.

Los aliados, como los integrantes de la mayoría legislativa, la prensa adicta o los juristas orgánicos, minimizaron el aspecto jurídico constitucional y destacaron la importancia del aspecto político del memorándum. El tedio informativo de la semana santa se diluyó en la polémica que desató un documento mal redactado y peor concebido.

El memorándum, que significa lo que debe recordarse, es una nomenclatura propia de las comunicaciones u organizaciones privadas. No es necesario que se publique en el Diario Oficial de la Federación o que se funde o motive, ni es atacable jurídicamente en razón a que no contiene ningún acto de autoridad en sentido estricto. Incluso, si no se hubiera hecho público, sería un documento reservado por formar parte de un proceso deliberativo interno, vinculado con la estrategia gubernamental para impulsar la contrarreforma constitucional en materia educativa.

El acto político consiste en publicitar una instrucción que, seguramente, ha sido recurrente en los acuerdos de gabinete y que sea del conocimiento de su pueblo, el del Presidente, que El ya conminó, hasta por escrito, a sus colaboradores para que la Secretaría de Educación Pública y las demás instancias involucradas dejen sin efecto la mal llamada reforma educativa, la nómina se pague y administre centralmente, los maestros cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas sean reinstalados, la Secretaría de Gobernación libere a los maestros y luchadores sociales encarcelados por oponerse a la reforma y los maestros de todas las tendencias y corrientes mantengan un diálogo permanente.

El acto político es demostrar quién es el soberano en el nuevo régimen que pretende impulsar y que la legitimidad del poder es superior a cualquier argumento en defensa de la Constitución, del Estado de derecho y del principio de legalidad.

Mal redactado porque el Presidente confiesa que ejerce ilegítimamente el cargo cuando afirma “con base en las facultades que me confiere el cargo que detento” que en derecho significa retener lo que manifiestamente no le pertenece (Diccionario de la Real Academia Española) y porque un memorándum por su carácter privado no se expide, ni sirve por su alcance interno, para exhortar a personas ajenas al gobierno como se hace en el último párrafo del mismo.

Peor concebido porque la claridad que pretende aumenta la confusión. La nómina ni antes, ni después de la reforma la administraba la SEP, salvo la que corresponde a la Ciudad de México, y en 2013 sólo se centralizó la dispersión del pago. La reforma educativa es de índole constitucional y no es “un conjunto de modificaciones legales” y el documento interno que pretende ser el memorándum se convierte en un acto de gobierno involuntario con efectos externos y que pone en riesgos a los secretarios involucrados, quienes para cumplir las instrucciones tendrán que incurrir en responsabilidades administrativas.

Además, el memorándum –independientemente de su legalidad- es un acto político ilegítimo que es combatible en la arena constitucional política. Lo jurídico formal es poco efectivo y para la mayoría, incluido el Presidente, es irrelevante.

El pretendido documento interno es un acto propio de un soberano en términos de Carl Schmitt –jurista antiliberal identificado con el nazismo- quien en su teoría constitucional afirma que el Soberano es aquel que puede imponer su voluntad en un momento de excepción. Esto incluye determinar qué es lo justo y emitir, suspender, derogar o abrogar leyes para tranquilidad del pueblo para protegerlo del extranjero y los neoliberales que le impusieron un modelo que ha dejado “pobreza, violencia, corrupción y malestar social”.

La oposición al régimen no ha entendido que la defensa del derecho no puede reducirse a un alegato a favor de la legalidad. Es un debate por la legitimidad jurídica. Es un debate más profundo. El dilema es: un gobierno ilegítimo de un hombre vs. gobierno legítimo de las instituciones. Es el momento de que algunos aliados y colaboradores redefinan su posición ante el nuevo soberano que pretende fundar el derecho sólo en la voluntad de poder, la fuerza de la movilización, la aprobación en la opinión pública y el mandato popular.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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