A la cabeza de una nueva batalla en las filas del gabinete de seguridad, Alfonso Durazo es señalado por el alto mando de las Fuerzas Armadas del país como el origen del decreto que emitió el pasado 11 de mayo el presidente López Obrador, a fin de regresar a las Fuerzas Armadas permanentes a labores de seguridad pública, sometidos a la Guardia Nacional y a un mando civil, el suyo.

El Secretario se ha quejado de que nadie le hace caso, pero va a ser muy difícil que las cosas cambien y consiga el liderazgo sobre las Fuerzas Armadas sólo por decreto.

Alfonso Durazo se ha quejado en reiteradas ocasiones que no es tomado en cuenta por la comandancia de la Guardia Nacional, con un General retirado al frente; que no tiene conocimiento de operativos que con enorme sigilo se construyen en las filas militares y que no tiene información siquiera del presupuesto que, por cierto, también sale de las arcas de la Marina y la Sedena.

Así ha sido la constante para justificar su fracaso en materia de seguridad, el crecimiento en todos los rubros medibles de delitos en el país, federales y de fuero común; la cínica aparición de los cárteles repartiendo despensas, el control de plazas por parte de nuevos grupos criminales que le mandan saludos a él y al Presidente y hasta la disposición en el reparto del territorio que hacen grupos tradicionales de la delincuencia como El Mencho o los herederos de El Chapo.

Un año y medio después de iniciado el gobierno, tras un año de aprobada la Guardia Nacional, luego de haber contado con el apoyo absoluto del Poder Legislativo para la creación de leyes y con la facultad de desintegrar la Policía Federal y las áreas de seguridad para presentar a los policías militares y navales como miembros del “ejército transformador de la 4T”, Durazo decidió subir su queja y lo que de ahí salió fue un balde de agua fría para las Fuerzas Armadas.

“No es el modito”, me dijeron mandos militares que muestran sorpresa por la emisión de un decreto por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que en el afán de darle una palmadita en el hombro a Durazo, expone a las Fuerzas Armadas a un nuevo frente de golpeteo por parte de las organizaciones de la sociedad civil por la participación de la milicia en labores de seguridad, cuando ya habían conseguido superar este paso mediante la Ley de la GN.

Y es que, ciertamente, el decreto reciente no era necesario. Si, como asegura el Presidente y lo reitera el senador Ricardo Monreal, la presencia de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública en algún momento no es una sorpresa ni un cambio, porque fue legislado en uno de los 10 artículos transitorios dentro de la Ley de la Guardia Nacional, pues no hacía falta un decreto para decir lo que ya estaba en la ley.

Excepto que, como sospechan las Fuerzas Armadas, Alfonso Durazo, un secretario cuestionado hasta por las propias autoridades de los Estados Unidos en reuniones de coordinación, esté tratando de reconstruir su influencia faltando unos meses para que se defina la candidatura a la gubernatura de Sonora, donde, todo parece indicar, se le va allanando el camino tras la salida de Morena de la Senadora Lili Téllez.

Hay que recordar que el mando de la Guardia Nacional en la Ley aprobada en junio de 2019 recayó en la figura de un civil, no obstante que en diversas ocasiones el presidente López Obrador le exigió a los grupos parlamentarios de Morena que empujaran porque fuera un militar. Finalmente, el tema se resolvió mediante la fórmula de un militar en situación de retiro para que tuviera el carácter de civil. Una monería de simulación.

Y como las maromas, machincuepas y capiruchos de la 4T no alcanzarán para hacer de Durazo un general o almirante, será más sencillo retomar el carácter civil de la comandancia de la GN, pero difícilmente desde ahí le alcanzará para ordenar a las Fuerzas Armadas.

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